Villatoro Cortez se suma así a la lista de militares que actualmente están al frente de las corporaciones policiales en por lo menos nueve entidades del país.
A pesar de las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para regresar a los militares a sus cuarteles y de las denuncias de vejaciones, abusos y asesinatos cometidos contra la población civil, el proceso de militarización de los cuerpos de seguridad estatales sigue en marcha: la expansión del rol de las fuerzas armadas se intensificó cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República y decidió echar mano del Ejército para combatir al crimen organizado.
El nombramiento del teniente coronel Villatoro Cortez no es casual: Baja California es uno de los estados que registra el mayor índice de homicidios dolosos en el país, junto con Ciudad Juárez.
De hecho, desde agosto del año pasado, las labores de seguridad pública en Tijuana están a cargo de militares, en este caso del también teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez.
La presencia en los estados
En la llamada “guerra contra el crimen organizado”, el presidente Calderón sacó a las calles a más de 20 mil militares para combatir la ola de ejecuciones en el país. Esa modalidad ha sido copiada por algunos gobernadores y alcaldes que, ante la corrupción y descomposición de los cuerpos policiales, habilitaron a militares en retiro para garantizar la seguridad y reorganizar a los cuerpos encargados de velar por la ciudadanía.
Actualmente, militares de alto rango, retirados y en activo, encabezan las labores de seguridad pública en Aguascalientes, Coahuila, Baja California, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
120 policías fueron asesinados por el crimen organizado en 2008, según el Gobierno federal.
2,500 militares hay actualmente desplegados para la lucha contra el narcotráfico en Chihuahua.
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