No hubo una reacción del BCIE cuya sede está en Honduras, pero tiene una representación local.
Alvaro Leiva, del área laboral del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cnidh), dijo al Canal 12 de la televisión local que la demanda de los trabajadores es contra el BCIE por 11 millones de dólares, como poseedor de los bienes y los activos de la fábrica Pennwalt fundada en 1967.
Clasificada como Industria de Integración Económica, a raíz de la firma del vigente Tratado de Integración Centroamericana, Pennwalt fue clave para el país durante el boom algodonero. El BCI se quedó con los bienes de la fábrica, que producía cloro y soda cáustica, para cobrarse 4,4 millones de dólares al cerrar en 1993.
Leiva informó que 30 de los antiguos trabajadores de la fabrica han muerto víctimas de daños en el sistema nervioso central, en los riñones, artritis, invalidez e impotencia.
"Analizaremos la demanda para tomar las acciones que correspondan dentro del estado de derecho que protege la tutela de estos trabajadores", dijo Leiva.
La demanda judicial de los trabajadores está radicada en el Juzgado VI Civil de Distrito.
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