Ciudad de México.- El magistrado electoral José Luis Vargas Valdez negó que exista desencuentro entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y INE, ya que cada institución tiene una encomienda y distintos roles constitucionales y atribuciones.

El magistrado de la Sala Superior del TEPJF señaló que “efectivamente somos instituciones cuyas funciones en común son velar por la legalidad, por la transparencia y por la certeza del proceso electoral mexicano”.

Así está construida la arquitectura electoral mexicana, de tal forma que “unos ejecuten y otros revisemos lo ejecutado”, indicó al clausurar los trabajos de la Primera Sesión Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral celebrada en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Por su parte el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, expresó una enérgica condena a las amenazas que en redes sociales se han vertido en días recientes en contra de una magistrada. Al respecto calificó eso como actuaciones absolutamente inaceptables en un contexto democrático.

De ahí que, dijo, “desde este espacio, si se me permite, quiero plantear a nombre propio y del Instituto Nacional Electoral una condena a todo acto de intimidación y de violencia contra cualquier instancia electoral”.

Señaló que son actos inaceptables en una democracia y, sobre todo, son actos de intimidación que no pueden no tener un pronunciamiento colectivo en contra.

Más adelante, Córdova Vianello apuntó que en materia de justicia electoral la multiplicidad de enfoques “nos recuerda una y otra vez que es indispensable que todo sistema democrático cuente con la presencia de órganos imparciales”.

Agregó que en los mismos se deben resolver todas las controversias que inevitablemente surgen en las contiendas políticas.

Para impartir justicia, subrayó, se requiere que las autoridades electorales tomen distancia y se coloquen literalmente frente a los actores de las contiendas.

“La fuerza de un sistema electoral no radica en la ausencia de conflictos, controversias o incluso la presencia de eventuales irregularidades, sino que disponga de mecanismos para resolverlos, mecanismos ciertos, pactados, reconocidos y establecidos en la Constitución y en las leyes”, dijo.

Lo anterior, resaltó, para que todos los conflictos electorales encuentren cauces de solución institucional y legal.