En reiteradas ocasiones, Zócalo Saltillo intentó contactarse con el funcionario, sin que a la fecha haya conseguido su declaración ni en el caso del notario público número siete, Gilberto Garza Valdez, único sancionado por el fraude cometido en contra de una familia saltillense a manos de una banda de defraudadores y quien le ganó un amparo a la Dirección de Notarías; así como tampoco expresó ninguna declaración en el caso de una empleada de la notaría pública número 9, del abogado Onésimo Flores Rodríguez, quien presuntamente “desapareció” más de 16 millones de pesos que debieron ser pagados al Municipio por concepto del impuesto de adquisición de bienes inmuebles y en perjuicio de los clientes de la notaría que gestionaron el pago de escrituras.
Según la ley, entre las funciones del director de Notarías está el “comunicar al secretario del Ejecutivo del estado las irregularidades y violaciones de la ley que advierta en el ejercicio de la función notarial; vigilar el funcionamiento general de las notarías a través de los visitadores a su mando e inutilizar los sellos de los notarios cuando proceda conforme a la ley y conservar aquellos que deban depositarse”, entre otras atribuciones establecidas.
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