México, DF.- Los pagos “por derecho de piso” o “venta de protección” es un fenómeno que se ha extendido a varios estados, donde las denuncias comienzan a acumularse no obstante las represalias.

Muertes, golpizas y amenazas se entrelazan en estos cobros ilícitos que realizan integrantes del crimen organizado o asociados a éstos en un fenómeno que se propala por diversas partes del país y afecta a miles de víctimas, según admiten presidentes de cámaras empresariales de micro y grandes compañías, así como especialistas.

Comerciantes, restauranteros, industriales o profesionistas han tenido que doblegarse a las amenazas y cumplir con estos pagos ilícitos que buscan obtener de sus víctimas un porcentaje de sus ganancias o ingresos.

Quienes no han aceptado sujetarse a la entrega de lo que también se denomina “pago de cuota” se ven obligados a cerrar sus negocios o empresas, o incluso a emigrar.

De 2006 a 2011 se tienen registradas en los ministerios públicos 24 mil extorsiones, de las cuales se estima que 50% pueden ser por cobros de derecho de piso o venta de protección, señaló Guillermo Velázquez Valadez, subdirector del Centro de Investigaciones Económicas de Administración y Sociales del IPN. Esa cifra, dijo, es poco representativa ya que se estima que sólo se denuncia 10% de los casos, por lo que éstos podrían alcanzar hasta los 240 mil.

El doctor en Derecho Fiscal por la UNAM, Arturo Urbina, señaló que la existencia del este fenómeno pone en riesgo la gobernabilidad, pues el Estado busca ser suplantado por las organizaciones criminales apoyadas por autoridades, especialmente policiacas. “El pago por derecho de piso o venta de protección se da cuando el particular no puede acudir a la policía, pues ésta tiene nexos o relaciones con la delincuencia y el peligro de denunciar es mayor que el de pagar”, precisó.

Estados como Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Michoacán, Sinaloa y Durango aparecen como lugares recurrentes en las denuncias de las víctimas. Al respecto, Guillermo Romero Rodríguez, representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mazatlán, Sinaloa, asegura que “en unos meses estos cobros ilegales sembraron terror en la región, pues se dio el cierre de diversos comercios”.

El modo de operar de las bandas es similar en la mayoría de los casos: normalmente, un grupo de hombres contacta a los dueños de los negocios y los amenaza con daños a ellos o sus familias y a sus establecimientos con el fin de obligarlos a pagar un porcentaje de sus ganancias

Este ilícito golpea a profesionistas y prestadores de servicios, quienes han sido extorsionados en lugares como Ciudad Juárez, Acapulco, y otras ciudades, donde médicos, maestros y abogados han denunciado ser víctimas.

Cifras de la Fiscalía General de Chihuahua, difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que en lo que va de 2011 se han presentado 102 denuncias por extorsión en la entidad , básicamente por cobro del “derecho de piso” o “venta de protección”. En muchos de estos casos están involucrados policías. “Hemos descubierto que son ellos quienes cobran la cuota”, dice Daniel Murguía Lardizábal, presidente de la Canaco en Juárez.

Enrique Guerrero Ambriz, titular de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la ciudad de México, reconoce que en algunas partes del país, este flagelo se ha disparado sobre todo en colonias populares en donde a los dueños de los pequeños y micro negocios se les quita dinero y mercancía.

En Ciudad Victoria, el miedo persiste en grandes empresarios y pequeños comerciantes que “se ven afectados no sólo por el cobro de piso, sino por el robo día a día”, dijo Patricia Araujo, titular de Conaco Tamaulipas.

El cobro de cuotas en Villahermosa también es algo que preocupa, pues ya es un problema latente, sobre todo en bares, y “parece que ya es parte de nosotros “, menciona Manuel Raúl Soberano titular de Conaco Villahermosa.

EXTORSIONAN POLICÍAS A EMPRESARIOS, DENUNCIA CAINTRA-NL

Más de 500 empresarios de Santa Catarina pagaron “derecho de piso” a elementos de seguridad pública de dicha localidad, denunció públicamente Eugenio Clariond Rangel, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) en Nuevo León.

Al término de la reunión mensual de la Cámara Empresarial que se desarrolló en el Club Industrial, Clariond Rangel denunció una serie de acciones de extorsión que llevaban a cabo los preventivos de Santa Catarina.

Luego de que el alcalde panista, Gabriel Navarro anunciara el cese de 200 preventivos y 60 de vialidad por perdida de confianza al suponerse su participación en hechos delictivos relacionados con el crimen organizado, los empresarios exigieron una investigación a fondo.

Ya que los empresarios de dicha localidad denunciaron las extorsiones y pagos de dadivas hechas por los preventivos en los últimos 18 meses. Dijo que el ayuntamiento también debe aclarar por qué se mantenían en nómina 500 preventivos, de los cuales sólo operaban 250.

Finalmente Guillermo Dillon, director de la Caintra en la localidad advirtió que los 66 elementos que se encuentran bajo arraigo pudieran ser participes de las extorsiones a los empresarios.