MDZ | Ciudad de México.- México adquirió hace unos cinco años tecnología de origen israelí que permite infiltrar teléfonos móviles, apropiarse de toda su información y convertirlos en armas espías que graban y filman a sus dueños.

El fabricante NSO Group describe su producto, llamado Pegasus, como una herramienta que sólo se vende a Gobiernos para espiar con autorización legal a terroristas y miembros del crimen organizado. Sin embargo, no tiene control sobre su uso. Activistas y periodistas mexicanos afirman ahora haber sido blanco de sus ataques maliciosos.

Así se desarrolló el escándalo:

2016

– 10 y 11 de agosto: El activista Ahmed Mansoor de Emiratos Árabes Unidos recibe mensajes en su teléfono móvil con un enlace que promete revelar “nuevos secretos” sobre tortura a presos en su país. En lugar de dar click, Mansoor envía los mensajes al Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto.

– 24 de agosto: El laboratorio, dedicado a estudiar la intersección entre tecnologías, derechos humanos y seguridad global, revela en un informe que el link remitía a infraestructura del NSO Group.

– 2 de septiembre: El diario “The New York Times” informa que México es uno de los países con contratos con NSO Group. En base a correos electrónicos internos de la empresa de 2013, señala que el Gobierno mexicano pagó más de 15 millones de dólares por tres proyectos.

2017

– 11 de febrero: Un nuevo informe del Citizen Lab, con apoyo de la red mexicana R3D, denuncia que tres mexicanos que impulsaban un alza del impuesto a los refrescos para combatir la obesidad habían recibido mensajes con links maliciosos procedentes de ese software.

– 19 de junio: Otra investigación del Citizen Lab revela que 15 periodistas y activistas mexicanos, así como la esposa de uno de ellos y el hijo menor de edad de uno de ellos, habían recibido 76 mensajes con links maliciosos de enero de 2015 a agosto de 2016. No todos abrieron los enlaces. Los afectados presentan una denuncia y piden seguimiento de un grupo independiente.

– 21 de junio: La Procuraduría General de México (fiscalía), una de las instituciones que adquirió el software Pegasus, según “The New York Times”, abre una investigación por “intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática”.

22 de junio: El presidente Enrique Peña Nieto niega que su Gobierno esté detrás del espionaje, con un polémico mensaje que después debe matizar. Primero dice que se procederá contra quienes “han levantado estos falsos señalamientos contra el Gobierno” y grupos civiles lo interpretan como una amenaza. Peña Nieto aclara después que el sentido era “todo lo contrario”: que su Gobierno no está involucrado y que la Fiscalía debe establecer si alguien actuó fuera de la ley.