México, DF. (Proceso).- En sólo seis años, y de manera discrecional, un general de división del Ejército Mexicano logró amasar una enorme fortuna calculada en 2 mil millones de pesos.

Nicéforo Luz Torres Fernández, quien ya murió, gozó de auténticas “vacas gordas” durante el sexenio de Miguel de la Madrid, que cristalizó en propiedades y cuentas bancarias registradas a su nombre en México y el extranjero.

Hoy, las herederas del militar pelean jurídicamente la fortuna contra Raúl Gálvez Alcántar, sobrino político y albacea, quien a su vez las acusa de amenazas y fraude procesal e implica también al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Mancera Espinosa, en presuntos actos de corrupción.

Distribuía presupuesto
Egresado del Colegio Militar, donde estudió la carrera de intendente, Torres Fernández fue responsable de las compras de armamento (tanques, cañones y uniformes), equipo aéreo y tecnológico (aviones y operaciones con satélites) cuando Félix Galván López encabezaba la Sedena. Era él quien distribuía los presupuestos asignados a las zonas militares del país.

De acuerdo con su organigrama, los intendentes son parte del núcleo administrativo más importante de esa dependencia, pues ellos coordinan las operaciones financieras para abastecer al Ejército de la infraestructura necesaria para sus tareas dentro del territorio nacional.

Torres Fernández era uno de esos hombres, según Gálvez Alcántar, quien desde 2008 inició un juicio contra Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Mayela Torres Gálvez, hijas del general y herederas de su fortuna. Dice que ellas pretendieron revocarle su albaceazgo con documentos apócrifos para evitar pagarle 25 millones de pesos –el 2% de los bienes y el 5% del usufructo de las empresas– a los que, según él, tiene derecho.

Su albacea
El general Torres Fernández fue intendente de la Sedena del 1 diciembre de 1976 al 16 de enero de 1983. Poco después de abandonar su cargo ya era un hombre rico. Tanto, que mandó llamar a Gálvez Alcántar y lo nombró albacea de su cuantiosa fortuna.

En 1983, el último año que laboró en la Sedena, el general e intendente devengaba un salario de 250 mil pesos mensuales, equivalentes a 78 mil 215 pesos actuales.

De haber ahorrado su sueldo íntegro, hubiera requerido 2 mil años para amasar una fortuna como la que heredó a sus hijas Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Mayela.

Hoy, según establece el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, el salario más alto en el Ejército es el del secretario de la Defensa Nacional, y asciende a 130 mil 359 pesos al mes.

Luchan por millones del general

En sólo seis años, cuando se desempeñó como intendente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, el general de división Nicéforo Luz Torres Fernández amasó una fortuna calculada en 2 mil millones de pesos, entre propiedades y cuentas bancarias registradas a su nombre en México y el extranjero.

Hoy, sus herederas se encuentran inmersas en un litigio legal con Raúl Gálvez Alcántar, sobrino político y albacea del militar, quien a su vez las acusa de amenazas y fraude procesal e implica también al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Mancera Espinosa, en presuntos actos de corrupción.

Acceso a las cuentas
Egresado del Colegio Militar, donde estudió la carrera de intendente, Torres Fernández fue responsable de las compras de armamento (tanques, cañones y uniformes), equipo aéreo y tecnológico (aviones y operaciones con satélites) cuando Félix Galván López encabezaba la Sedena. Era él quien distribuía los presupuestos asignados a las zonas militares del país.

De acuerdo con su organigrama, los intendentes son parte del núcleo administrativo más importante de esa dependencia, pues ellos coordinan las operaciones financieras para abastecer al Ejército de la infraestructura necesaria para sus tareas dentro del territorio nacional.

Torres Fernández era uno de esos hombres, según Gálvez Alcántar, quien desde 2008 inició un juicio contra Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Mayela Torres Gálvez, hijas del general y herederas de su fortuna. Dice que ellas pretendieron revocarle su albaceazgo con documentos apócrifos para evitar pagarle 25 millones de pesos –el 2% de los bienes y el 5% del usufructo de las empresas– a los que, según él, tiene derecho.

El general Torres Fernández fue intendente de la Sedena del 1 diciembre de 1976 al 16 de enero de 1983. Poco después de abandonar su cargo ya era un hombre rico. Tanto, que mandó llamar a Gálvez Alcántar y lo nombró albacea de su cuantiosa fortuna.

En 1983, el último año que laboró en la Sedena, el general e intendente devengaba un salario de 250 mil pesos mensuales, equivalentes a 78 mil 215 pesos actuales. De haber ahorrado su sueldo íntegro hubiera requerido 2 mil años para amasar una fortuna como la que heredó a sus hijas Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Mayela.

Hoy, según establece el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, el salario más alto en el Ejército es el del secretario de la Defensa Nacional y asciende a 130 mil 359 pesos al mes.

Un albacea cuestionado
Durante 30 años Raúl Gálvez Alcántar administró las empresas del militar, quien murió el 5 de diciembre de 2006. Y entonces comenzaron los problemas, pues el viejo general no sólo heredó sus bienes a sus hijas, sino un embrollo legal que implica el propio titular de la PGJDF, Miguel Mancera Espinosa, y a otros funcionarios de esa dependencia.

Según Alejandro Sánchez, abogado de Gálvez Alcántar, el general heredó a sus hijas una fortuna calculada en 2 mil millones de pesos. Tanto él como su representado afirman que el origen de esa riqueza es un misterio, y dejan entrever que el monto podría ser superior.

Ambos explican que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) les entregó información según la cual Torres Fernández manejaba 12 cuentas bancarias en México. En una de ellas –la 60-50781722-1–, abierta en Banco Santander, el militar tenía un saldo de 55 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de 2006.

Además, en ese mismo banco el general manejaba otras cuentas: en una de ellas, registrada con el número 61-50781722-1, tenía 54 millones 762 mil pesos; en otra “cuenta personal”, la 60-500019328-4, sus fondos eran de 54 millones 830 mil 393 pesos, y en una “cuenta bursátil”, la número 13-00000521-7, el capital de Torres Fernández ascendía a 78 millones 821 mil pesos.

Gálvez Alcántar comenta que en 2007, poco después de la muerte de su tío político, se enteró de que sus primas Lilia Guadalupe, María Arabella e Irma Olivia Torres Gálvez, asesoradas por los abogados Gustavo López Flores, Irma Miriam Vargas Rodríguez, Abraham Camacho Vargas y Fernando Javier Rocha, le revocaron el cargo de albacea.

Las herederas del general Torres Fernández recurrieron también al contador público Armando Posadas Pacheco, quien, dice Gálvez Alcántar, elaboró un informe contable en el que lo acusa de malversación de bienes, según el juicio familiar 177/2007 que se instruye en el Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Familiar.

Sin embargo, él detectó que se trataba de una “sucia maniobra”, pues, asegura, el reporte contable era apócrifo, por lo que presentó una denuncia de hechos por el delito de fraude procesal ante la Fiscalía Central en Investigación para Asuntos Especiales de la PGJDF, lo que motivó la averiguación previa FAE/D/T2/00135/07-10.

A su vez, el contador Posadas Pacheco presentó una denuncia –averiguación previa FIZP/IZP-2/T3/00816/07-06– en la que expone que fue presionado por las hijas del general Torres Fernández y por los abogados que ellas contrataron para elaborar el informe contable falso a fin de acusar de fraude a Gálvez Alcántar. Así lo cuenta Posadas Pacheco en su escrito:

El 16 de febrero de 2007 aproximadamente a las 12 horas la señora Irma Olivia Mayela me dijo telefónicamente que de parte de las herederas me instruían para que preparara un informe contable fiscal y administrativo de las irregularidades en las que incurrió el Lic. Raúl Gálvez en el manejo de las empresas del general Nicéforo que tenía a su cargo. Yo le contesté que iba a tratar de hacerlo con la información que yo tenía porque desconocía muchas cosas.

Ella me dijo que yo lo hiciera como pudiera pero que lo presentara cuanto antes y que le llamara cuando lo tuviera. El 8 de marzo de 2007, como a las 6 de la tarde, le dejé en su escritorio a la Lic. Elvia Valerio un informe contable y administrativo de las empresas…

Investigación torcida
Gálvez Alcántar asegura que para documentar su querella contra las hijas del general Torres Fernández, a quienes acusa de amenazas y fraude procesal (averiguación previa FAE/D/T2/00135/07-10), solicitó informes al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal sobre 15 inmuebles ubicados en la Ciudad de México, todos ellos registrados a nombre del militar.

E insiste en que el titular de la PGJDF, Miguel Mancera Espinosa, torció la investigación para favorecer a las coherederas. En una carta fechada el 23 de septiembre de 2008, enviada por él al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Meyer Klib Gervitz, Gálvez Alcántar explica:

Conozco los recursos que puedo interponer contra la determinación arbitraria de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pero como se deduce… se me notificó el no ejercicio de la averiguación previa el 3 de septiembre de 2008; esto es, después de haber acudido a diversas instancias para expresar mi inconformidad por la actuación irregular de la PGJDF y específicamente, de su titular, el procurador Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Sé que la PGJDF cuenta con un órgano de revisión y vigilancia (la Visitaduría) para establecer si algún servidor público ha incurrido, con su actuación, en alguna irregularidad en la averiguación previa FAE/D/T2/00135/07-10, al que no he acudido porque resultaría estéril, considerando que el que ha intervenido para determinar esa averiguación es el doctor Miguel Mancera Espinosa.

El albacea dice estar sorprendido por la celeridad con la que fue cerrada la averiguación sobre la denuncia por fraude procesal contra las hermanas Torres Gálvez, pues la decisión fue tomada –explica– a pesar de que faltaban por desahogarse cuatro diligencias: la presentación de Elvia María Socorro Varolio González por parte de la Policía Judicial, lo que no se logró; y solicitar al titular de la notaría en la que se tramita el juicio testamentario, a cuánto asciende económicamente la masa hereditaria del general Nicéforo Luz Torres Fernández.