Seguridad
Por Agencias
Publicado el domingo, 4 de diciembre del 2016 a las 01:00
Mexicali.- Antonio Heras, colaborador de La Jornada y otros medios, señaló que existe una campaña de acoso en su contra, responsabilizando entre otros al gobernador del estado, “Kiko” Vega.
La Procuraduría General de Justicia de Baja California habría creado seis expedientes contra el informador, por el supuesto delito de fraude como propietario de una importadora de vehículos.
El periodista declaró que su labor en el periodismo no le da para ser dueño de lotes de venta de automóviles, además de responsabilizar de esta campaña en su contra al gobernador de Baja California:
“Vivo de lo que me pagan en mi trabajo, no tengo los recursos para ser dueño de lotes de automóviles y menos de importadoras. No soy el único que ha pasado por una situación como esta. En este caso, se trata de un montaje que considero que es un agravio terrible y una agresión directa de parte del gobierno de Francisco Vega”, señaló.
“Se trata de una reacción del gobierno de Baja California para inhibirnos de informar a la sociedad, desde un punto de vista crítico sobre los programas gubernamentales. Es una reacción contra el gremio periodístico, que se suma a las campañas negras de desprestigio y de condicionar publicidad a cambio de callar voces críticas”, agregó el periodista.
Heras sufrió también recientemente de un caso de violencia institucional ya que el pasado agosto, luego de una serie presiones ejercidas sobre los contratos de publicidad por parte de Jorge Alberto Cornejo, Coordinador de Imagen y Publicidad de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Baja California, el Grupo Imagen le notificó que ya no tendría participación en un nuevo proyecto informativo, donde el periodista estaba previsto para participar como conductor y director editorial.
Por este motivo, la organización independiente de Derechos Humanos ARTICLE 19 emitió una alerta en su portal de Internet, además de exigir a la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California se abstenga de hacer un uso desviado del derecho penal para inhibir la libertad de expresión.
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