Ciudad de México.- En cumplimiento de una orden de un juez, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó exonerar al abogado Paulo Díez, quien ha denunciado presuntos actos de corrupción en las concesiones dela constructora OHL, y al que mantenía bajo investigación desde hace más de año y medio por la supuesta posesión de un arma de fuego que en realidad fue sembrada.

Documentos de los que Animal político tiene copia muestran que la agente del Ministerio Público Federal, Carla Vargas Mendoza, emitió una resolución fechada el 16 de marzo pasado, en la que concluye el “no ejercicio de la acción” penal en contra de Paulo Díez por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército.

Esta resolución se dio en cumplimiento del amparo emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo de la Ciudad de México, el cual desde el año pasado había resuelto que la PGR violaba los derechos constitucionales de Díez al mantenerle abierta una averiguación que no consignaba pero tampoco la desechaba.

La semana pasada Animal Político publicó que dicho juzgado había dado un ultimátum a la PGR de 24 horas para que resolviera el caso, ya que aún pese a que el amparo estaba ratificado por un Tribunal el Ministerio Público seguía sin cumplir.

El antecedente de este caso se remonta al 7 de septiembre de 2015, cuando agentes de la PGR detuvieron a Paulo Díez al salir de su oficina en la Ciudad de México. En ese momento Diez era acusado por la constructora OHL de estar detrás de una supuesta campaña de espionaje que había evidenciado presuntos actos de corrupción de la constructora.

Durante la detención, la PGR acusó a Díez de llevar consigo un arma de fuego ilegalmente pero una videograbación de una cámara de seguridad, que Animal Político publicó el 15 de septiembre de ese mismo año, reveló que los agentes federales colocaron premeditadamente el arma en el coche del abogado.

El 8 de octubre de ese mismo año la Procuraduría consignó penalmente al grupo de agentes ante un juez acusándolos de haber sembrado evidencia durante la detención de Díez. Sin embargo mantuvo abierta la averiguación contra Díez por más de año y medio hasta.

En entrevista, el abogado Paulo Díez pidió no olvidar que tuvo que acudir al amparo e incluso ante el Comité de Detenciones Forzadas de Naciones Unidas para obligar a la Procuraduría a resolver un caso que debió cerrarse hace 18 meses, pues era claro que “le trataron de fabricar un delito”.

En este contexto reiteró que continuará trabajando en las denuncias interpuestas en contra de la constructora OHL que, entre otras autopistas, ostenta la concesión del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario.

Paulo Díez es abogado de la compañía Infraiber, una empresa que mantiene una disputa legal con la constructora OHL luego de que se le impidió instalar equipos de monitoreo de tráfico independientes en el Circuito Exterior Mexiquense