Saltillo, Coahuila.- La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Auditoría Superior del Estado deben investigar el desprendimiento del techo laminado en el Gimnasio Municipal de San Buenaventura, que lesionó a dos menores, para descartar actos de corrupción y malversación de fondos en su construcción.

El domingo pasado fuertes ráfagas de viento provocaron el desprendimiento de la estructura de lámina en el inmueble de la colonia Benito Juárez.

Un menor sufrió fractura de fémur y otro traumatismo craneoencefálico y su estado de salud es delicado. Una vivienda y un negocio también presentaron daños.

“Según se ha dado a conocer en diversos medios, la obra que se realizó en la administración del alcalde Óscar Leos Pompa en 2013, fue responsabilidad de constructoras que ya han enfrentado denuncias presentadas ante el Ministerio Público”, advirtió el diputado Antonio Nerio Maltos.

Entre las irregularidades que se presumen está el cobro indebido del costo total de los trabajos que no fueron finiquitados en los términos que establece el contrato correspondiente.

Al menos dos constructoras dejaron obras inconclusas durante la administración 2010-2013 por un monto de 4 millones 91 mil 693 pesos, fueron notificadas la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Fiscalización, a fin de que se proceda conforme a derecho.

“Tenemos conocimiento de que la ASE inició las averiguaciones correspondientes para detectar que hubo irregularidades, solicitando en aquel momento que la administración municipal en turno informara el contenido en el expediente y los términos del contrato de asignación de las labores que no fueron concluidas. 

“Al inicio de la actual administración, el Munícipe denunció públicamente y ante la ASE las deficiencias con que se ejecutaron millonarias obras, una de ellas el gimnasio que quedó sin techo, por lo que este acto de total irresponsabilidad no puede quedar sin castigo y el grupo parlamentario del PRI exige castigo”, manifestó.

Estudiantes requieren ayuda sicológica

En las secundarias y preparatorias de Jiménez se requiere atención especializada para detectar trastornos emocionales en los jóvenes y evitar que se causen daño a sí mismos o a sus compañeros.

Claudia Maribel González Espinoza, legisladora, planteó que los secretarios de Salud y Educación atiendan el problema con personal especializado en el tema.

“La juventud del municipio no se caracteriza por tener serios problemas de alcoholismo, drogadicción o vandalismo, la mayoría emigra al llegar la edad universitaria, sin embargo, hay aspectos que no podemos ignorar o dejar de lado, es el caso de los trastornos emocionales que adquieren relevancia en tiempo reciente.

“En los planteles educativos de Jiménez de nivel básico, medio y medio superior, no se cuenta con personal especializado o bien, que haya sido capacitado en la detección oportuna de trastornos emocionales que pongan en riesgo a la comunidad”.

Desde el ataque registrado en un colegio en Nuevo León el pasado 17 de enero existe nerviosismo en las comunidades escolares porque, en broma o no, se repiten con insistencia frases
intimidatorias.

Los medios de comunicación, tanto del estado como a nivel nacional, han documentado diversas movilizaciones por posibles atentados en planteles educativos.

“Las amenazas de ataques en escuelas de todos los niveles han replicado irresponsablemente entre el sector estudiantil y es difícil conocer de manera inmediata si se trata de ‘trolls’ que hacen publicaciones sólo para causar alarma entre la ciudadanía o, efectivamente, se trata de casos en los que se requiere intervención inmediata”, expresó. 

Demandan aprobar nueva ley

El Congreso del Estado pide al Senado y a la Cámara de Diputados aprobar a la brevedad la Ley de Seguridad Interior, para trabajar en las bases, procedimientos y modalidades de coordinación que regirán a la Federación, estados y municipios.

Melchor Sánchez de la Fuente señaló que debe regularse la operación de las diversas instituciones relacionadas con la seguridad interior del país para evitar confusiones en sus atribuciones.

“Es preciso determinar la atención específica por parte del Estado para articular las acciones de las instituciones públicas, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, lo que además trae consigo seguridad jurídica.

“En atención a que la seguridad interior se enmarca en el ámbito de la seguridad nacional, es pertinente hacer uso de los esquemas institucionales que la legislación en la materia ha diseñado, tanto para la toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo, así como para la ejecución de las acciones que se requieran”.

Añadió que la Ley de Seguridad Interior definirá el marco legal que permitirá a las Fuerzas Armadas tener una efectiva coordinación con otras instancias de Gobierno para mantener el orden, la paz social y combatir la delincuencia con respeto a los derechos humanos.

Línea de atención a adultos mayores

Los adultos mayores son un sector vulnerable que puede sufrir maltrato o violencia física y sicológica, por lo que debe instalarse una línea telefónica de apoyo para ofrecer asesoría y atender denuncias.

“Muchas personas de edad avanzada viven abuso físico, emocional, sexual, financiero o abandono. Sus agresores son principalmente sus hijos, nietos, yernos o nueras, sobrinos, vecinos y otras personas de su entorno social”, aseguró la diputada María del Socorro Lozano Dávila.

“Las víctimas de maltrato son personas de más de 60 años, pasivas, complacientes, impotentes, dependientes y vulnerables. Sus condiciones de aislamiento y sometimiento derivan en baja autoestima, carecen de opciones para vivir dignamente y no pueden escapar de la situación y condiciones que las rodean”.

Añadió que el Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores debe abrir una línea telefónica para ofrecer a este grupo poblacional asesoría y orientación jurídica, sicológica, ocupacional y de salud, por ejemplo, para garantizar el respeto a sus derechos humanos.

La población de Coahuila entró en una etapa de envejecimiento; actualmente los adultos mayores representan el 9.7% de la población total.