Brasil.- La Fiscalía brasileña entró con una acción en la Justicia para pedir una indemnización de 50 millones de reales (16 millones de dólares) en favor de los indios Waimiri-Atroari por sufrir una “masacre” durante la época de la dictadura militar (1964-1985), informaron hoy fuentes oficiales.

La institución también exige un pedido oficial de disculpas, garantías de derechos para que no se repitan tales episodios e incluir el estudio en las escuelas de las violaciones que padecieron los indígenas, señaló la Fiscalía en un comunicado.

“El Estado causó la muerte de diversos Kinja por ataques directos y en razón del contacto interétnico, lo que debe ser reparado”, apuntó la Fiscalía en su auto.

El documento hace referencia en concreto a “la masacre” de los Kinja, que es como se autodenominan los indígenas Waimiri-Atroari, durante las obras de construcción de la carretera BR-174, que une los estados de Amazonas y Roraima y atraviesa parte de su reserva.

Según un informe de la Comisión Nacional de la Verdad con base en datos oficiales, la población de este pueblo se redujo en 3 mil personas durante la década de los 70 hasta quedar apenas 332 indígenas vivos en los 80, periodo que coincide con el de mayor actividad para la construcción de la carretera.

Asociaciones civiles denunciaron entonces el uso por parte de las autoridades de ráfagas de ametralladoras y explosiones de dinamita y granadas con objeto de amedrentar a los indígenas y evitar que interrumpiesen el desarrollo del proyecto.

En este sentido, la Fiscalía solicita a la Justicia que obligue al Gobierno brasileño y a la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai) de Brasil “a rectificar el área de la reserva Waimiri-Atroari” a fin de “incluir el trecho referente a la BR-174 como parte de sus tierras”.

También reclama que prohíba “cualquier medida de militarización” o “incursión” en aquel territorio, agregó la información.

La investigación, de naturaleza civil, se llevó a cabo durante cinco años en los que la Fiscalía recogió documentos y testimonios sobre los hechos citados.

El fiscal Julio Araujo, que firma la acción junto con otros cinco procuradores, aseguró en la nota que aún “hay muchas amenazas al territorio del pueblo Waimiri-Atroari que pueden generar violaciones de derechos indígenas nuevamente”.

Una de esas amenazas es la construcción de una línea de transmisión de energía eléctrica entre Manaus y Boa Vista, capitales de Amazonas y Roraima, respectivamente, cuyo proyecto pretende cortar el territorio indígena por el mismo lado por el que pasa la carretera.