Nacional
Por Roberto José
Publicado el lunes, 24 de abril del 2017 a las 18:58
Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) debe de dejar de simular justicia al acusar sólo a Javier Duarte y Tomás Yarrington, ex gobernadores de Veracruz y Tamaulipas, respectivamente, que si bien son verdaderos gánster de la política, la dependencia debe ir a fondo y atacar las estructuras de corrupción que se crearon alrededor de estos infames personajes.
Así lo expresó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda Anguiano, quien agregó que deben extenderse las pesquisas hasta la esposa de Duarte, Karime Macías, quien durante la administración del ex gobernador, construyó una red de vínculos que le permitió a ella y a sus familiares tener acceso a recursos públicos.
El legislador perredista expuso que familiares de la ex primera dama de Veracruz, ocuparon cargos en la administración estatal, incluida la Secretaría de Finanzas. Otros, según denuncias que han dado paso a averiguaciones y carpetas de investigación, fungieron como presuntos prestanombres para invertir dinero proveniente del erario en joyas, propiedades y demás lujos.
“Es una vergüenza, que ahora Karime Macías esté gozando de plena libertad viviendo en Inglaterra con los recursos públicos que muy probablemente, junto con su esposo, saqueó del erario de Veracruz y en detrimento del pueblo de esa entidad que lo mismo dejó sin recursos a hospitales, programas de apoyo escolares y sociales, que a la comunidad deportiva”, abundó.
Ojeda Anguinao comentó que la esposa de Javier Duarte no ha sido investigada simplemente porque la PGR no ha iniciado acusación formal a pesar de todos los indicios y denuncias públicas que hacen presumir su presunta participación en enriquecimiento ilícito
Consideró que si se quiere avanzar en el caso de Duarte, todo el gabinete del ex gobernador de Veracruz debería ser investigado o detenido, si se quiere impulsar una verdadera política de cero corrupción y cero tolerancia.
Sostuvo que el PRI que ahora presume las detenciones de Duarte y Yarrington, como mera bandera electorera, debería exigir que vayan más a fondo no sólo en estos asuntos, sino en aquellos expedientes abiertos que son los casos de las empresas Odebrecht (brasileña) y OHL (española).
Mismas que son investigadas en sus países por presuntos actos de soborno a sus gobiernos y el de otras naciones, mientras aquí se pretende taparlas y esconderlas para que sus presuntos nexos con altos funcionarios del actual gobierno federal queden en la impunidad.
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