Monterrey, NL.- Más de 500 empresarios de Santa Catarina pagaron “derecho de piso” a elementos de Seguridad Pública de dicha localidad denunció Eugenio Clariond Rangel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformacion (Caintra) en Nuevo León.

Al término de la reunión mensual de la cámara empresarial que se desarrolló en el Club Industrial, Clariond Rangel señaló una serie de acciones de extorsión que presuntamente llevaban a cabo los preventivos del municipio conurbado de Santa Catarina.

Luego de que el alcalde panista Gabriel Navarro anunciara el cese de 200 preventivos y 60 de vialidad por pérdida de confianza al suponerse su participación en hechos delictivos, los empresarios exigieron investigar a fondo.

Los comerciantes de dicha localidad denunciaron las extorsiones y pagos de dádivas hechos por los policías en los últimos meses.

El líder empresarial dijo que el Ayuntamiento también debe aclarar por qué se mantenían en nómina 500 preventivos, de los cuales sólo operaban 250.

Dicha situación fue denunciada como “un vacío de poder” en la localidad e indiferencia por parte del Alcalde, ya que, dicen, actuó tarde en la depuración de sus cuerpos policiacos, y en reestructurar la Secretaría de Seguridad y Vialidad de ese municipio.

Clariond llamó a las autoridades a “asumir sus facultades y apoyar a los empresarios, ya que cada vez son más frecuentes los abusos policiacos en la entidad”.

Por su parte, Guillermo Dillon, director de la Caintra, advirtió que los 66 elementos que se encuentran bajo arraigo pudieran haber participado en las extorsiones contra los empresarios.

Piden aclarar indagatorias

En tanto, el director del Consejo Cívico de las Instituciones, Miguel Treviño de Hoyos, dijo que las autoridades de gobierno deben hacer públicas las investigaciones en torno a los más de 200 elementos preventivos retenidos durante el fin de semana pasado, luego de la denuncia hecha por la Caintra sobre el supuesto cobro por “derecho de piso” o “protección” que 500 empresarios se les permitieran operar con normalidad.

“Nosotros hemos estado insistiendo en que el estado revele no solo el estatus de la condición policial estatal, sino también lo que están haciendo los diversos municipios con los dictámenes que se entregan al organismo evaluador estatal.
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