Nacional
Por Notimex
Publicado el miércoles, 28 de marzo del 2012 a las 03:13
México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una recomendación por los hechos ocurridos el 12 de diciembre pasado en Chilpancingo, Guerrero.
El presidente del organismo nacional, Raúl Plascencia Villanueva, señaló que se observaron transgresiones a los derechos a la verdad e información.
Además a todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las personas en su calidad de víctimas del delito y del abuso de poder atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y del gobierno del estado de Guerrero.
Añadió que también se contó con elementos que permitieron evidenciar violaciones graves a la libertad de reunión y como consecuencia de ellos a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, libertad personal y trato digno.
Entre los 30 puntos que conforman la recomendación, en uno dirigido a la SSP federal se le pide que colabore con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En este sentido, el ombudsman nacional detalló que en la investigación del organismo la línea de mando llevó hasta el entonces comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas, “que debiendo estar enterado, nos manifestó por escrito que se enteró una hora después de que los hechos se habían iniciado”.
Mencionó que “en este caso concreto, estaremos también llevando a cabo los señalamientos ante la PGR para que de ahí, hacia los elementos que estuvieron directamente en los hechos, con toda la cadena de mando, pueda irse deslindado a cada uno de ellos la responsabilidad correspondiente”.
Al gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero se le solicita su colaboración en los trámites de la denuncia de juicio político que se promueva ante el Congreso del estado contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos.
Señaló que el ex procurador del estado, Alberto López Rosas, fue quien propició una traba para tener información y conocer la verdad de los acontecimientos ocurridos el 12 de diciembre pasado.
Asimismo, otro punto recomendatorio pide que en un acto público en Guerrero, ante la presencia de las víctimas y sus familiares, se les ofrezca una disculpa institucional.
Plascencia Villanueva detalló que las violaciones documentadas en esta recomendación fueron en agravio de 52 víctimas, así como de un número indeterminado de personas que se manifestaron y otras más que por encontrarse en el lugar estuvieron en riesgo.
Puntualizó que en el operativo para contener a los manifestantes ese día participaron 168 servidores públicos, de los cuales 61 pertenecían a la Policía Federal, 73 a la Policía Ministerial y 34 a la Policía Estatal.
De ese total, 91 portaban armas de fuego y enfatizó que no se obtuvieron evidencias de que los inconformes portaran pistolas.
También se documentó que fueron los elementos de estas corporaciones quienes utilizaron la fuerza de manera indebida reprimiendo a los manifestantes, y como consecuencia vulneraron sus derechos humanos.
Por ello, se recomendó el diseño e impartición de un Programa Integral de Capacitación y Formación en Materia de Derechos Humanos, poniendo especial énfasis en el uso de la fuerza utilizada en manifestaciones públicas.
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