Ciudad de México.- Con el objetivo de que sean aprobados antes de que inicie el proceso electoral, el próximo 8 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) prepara modificaciones al reglamento de fiscalización para introducir restricciones al uso de tarjetas como forma de captación de votos a cambio del ofrecimiento de beneficios futuros y la inclusión en reglamento del esquema de registro de representantes de casilla vía informática que reduzca la polémica desatada en las pasadas elecciones estatales.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Andrade, sostuvo que las adecuaciones que se pretenden aprobar –en muchos casos de forma– permitirán subsanar los temas más críticos que se presentaron en las campañas. Destacó que en especial con el registro a través del Sistema Integral de Fiscalización de los representantes concentrará la información que ayudará a la fiscalización, eliminando los cuestionamientos que hubo en estas elecciones, cuando no pudo aun entrar este modelo informático.

Andrade reconoció que en los pasados comicios locales, esta innovación tecnológica aún no estaba lista y de haberlo realizado podía haber colapsado el sistema, lo que derivó en la necesidad de registrar estos representantes por otra vía con un efecto en los plazos y las formas como se registró a los representantes. Su incorporación en el reglamento y las innovaciones tecnológicas allanará muchos problemas en este aspecto, según mencionó el consejero.

La otra modificación importante es la prohibición expresa de tarjetas como esquema de ofrecimiento de beneficios –como se hiciera en Coahuila y el estado de México– al ciudadano a cambio de votos. Esto quedará absolutamente prohibido para los comicios de 2018, porque no solamente era una forma engañosa de atraer votantes sino que en algún caso una manipulación de datos personales.

Si bien Andrade consideró que con los cambios que se aprobarán, el INE estará en mejores condiciones para fiscalizar los gastos de campaña, admitió que persisten factores que mantendrán la complejidad de esta etapa de la elección: los tiempos tan estrechos para verificar el gasto de precampañas y campañas, así como la interposición de quejas que repercuten en el gasto.

El consejero señaló que en las cuatro elecciones locales de este año se interpusieron 90 quejas asociadas al ejercicio del gasto de partidos o candidatos, pero la Comisión de Fiscalización tiene proyectado que para 2018 al menos se promuevan 500 quejas.