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Proponen ONG un acuerdo nacional para una nación sin corrupción

Por Proceso

Publicado el lunes, 30 de enero del 2017 a las 22:30


Señalaron en un país donde 12 millones de mexicanos concentran la mitad del ingreso y 108 millones sobreviven con la otra mitad

Ciudad de México.- La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que agrupa a más de 60 organizaciones de la sociedad civil, promueven “un gran acuerdo nacional” para construir un nuevo proyecto de nación que cierre las brechas de pobreza y desigualdad y una a los mexicanos mediante un sistema con igualdad de oportunidades, sin privilegios ni corrupción.

En un comunicado, señalaron en un país donde 12 millones de mexicanos concentran la mitad del ingreso y 108 millones sobreviven con la otra mitad, no puede tener unidad nacional.

Actualmente, detallaron, la población pobre es la misma que hace 25 años: 53% y afecta a 64 millones de personas, 11 millones más que en 1992.

Con su iniciativa Cohesión Social, el país que queremos, las organizaciones proponen dar rumbo al llamado de unidad nacional al que han convocado diversas organizaciones políticas y sociales ante la permanencia de la pobreza, la desigualdad y una economía excluyente, ahora además amenazada por las políticas agresivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las organizaciones afirmaron que su convocatoria es amplia y plural, y va más allá de los partidos políticos e ideologías. Y expusieron que están interesados en que los precandidatos aspirantes a competir en 2018 definan sus posiciones respecto de los desafíos planteados por la permanencia de la pobreza y difundan sus propuestas basadas en estudios, en datos, y documentos serios y no solo en ocurrencias.

Cohesión Social, detallaron, propone un rumbo para el país basado en cuatro vías complementarias: Política, social, institucional y ciudadana.

La primera tendiente a construir un gran acuerdo nacional para la superación de la pobreza y la desigualdad, que articule crecimiento económico con derechos sociales; la social para construir políticas públicas que reduzcan las brechas de desigualdad con un enfoque de derechos y desarrollo sostenible.

La institucional, para dar efectividad y solidez a los gobiernos en la producción de bienes públicos y la ciudadana, para construir espacios y medios de participación desde la sociedad civil.

Esta nueva visión de cohesión social frente a la pobreza y la desigualdad, señalaron, permite impulsar cuatro propósitos: Construir consensos políticos plurales para impulsar cambios institucionales y una nueva estrategia nacional frente a la pobreza y la desigualdad; elevar el nivel del debate público, “especialmente para candidatos y políticos, para que dejen de competir por ver quien reparte más dádivas y tiene más ocurrencias de moda”.

Revisar la efectividad de las instituciones y políticas gubernamentales actuales, en especial el gradual ismo y la simulación, generados con la dispersión de más de seis mil programas clientelares. Y motivar cambios en la cultura ciudadana, sobre todo frente a la discriminación y las expresiones de racismo y clasismo que excluyen, sobre todo entre los sectores de la élite con mayores privilegios, ya que constituyen un “muro” aún más difícil de derrumbar que afecta la unidad.

Finalmente, como organización de la sociedad civil, señalaron que realizarán cuatro acciones: Difundir la visión de cohesión y promover la construcción de consensos y acuerdos políticos; impulsar cambios institucionales urgentes, como la recuperación del salario mínimo, el padrón único de beneficiarios y la contraloría social para garantizar acceso efectivo a los servicios de salud.

Promover el enfoque a prioridades, que son detonadoras y articuladoras, como el desarrollo infantil temprano, las opciones de segunda oportunidad para 11 millones de jóvenes entre 18 y 30 años que no han concluido la educación media superior, y el fomento al cooperativismo y la economía social, especialmente entre los pueblos indígenas.

Y por último, fortalecer la incidencia política de la sociedad civil y abrir espacios a la participación en las políticas públicas.

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