Acuña, Coah.- Cerca de un centenar de ciudadanos indignados por los operativos de la Policía Federal Preventiva, división Caminos, después de bloquear uno de los carriles de la carretera Acuña-Zaragoza se plantaron en las afueras de las oficinas del destacamento de dicha corporación, para denunciar abusos de autoridad y la aplicación de sanciones superiores a los 12 mil pesos para la recuperación de vehículos de procedencia extranjera que vienen decomisando.

Después de las 10:30 de la mañana familias de diversos sectores de la población y del área rural por espacio de 30 minutos cerraron un carril de la carretera a Zaragoza, a la altura del salón de usos múltiples de la Sección 38, para marchar hacia el destacamento de la Policía Federal.

Lo anterior fue denunciado por el líder de colonias Juan Antonio Dávila Sánchez, quien asegura que se ha estado actuando con abuso y usurpación de funciones en cuanto al operativo de decomiso de vehículos de procedencia extranjera que circulan en esta frontera.

Por este motivo la gente molesta se plantó con cartelones y pancartas, para denunciar estos abusos, buscando concientizar tanto a la Policía Federal como a la Agencia Federal de Investigaciones y Agencia del Ministerio Público Federal, sobre las acciones que realizan los oficiales al decomisar vehículos a personas de las comunidades rurales y de la ciudad, bajo el argumento de circular en unidades de procedencia extranjera.

Trascendió que dialogaron con oficiales de la PFP encabezados por el Inspector en Jefe David Alejandro González Tapia, quien vino exprofeso de Piedras Negras.

Aseguran las familias indignadas que son los oficiales de la Policía Federal los que los detienen en la carretera y caminos rurales, para después turnarlos ante la Agencia Federal de Investigaciones, en donde se les aplican sanciones desde 8 a 12 mil pesos, dependiendo del modelo del vehículo.

Explican en su denuncia pública que realizaron frente a la subestación de la Policía Federal, que esto es un robo que se está solapando por la propia autoridad.

Se informó que la queja ciudadana es en el sentido de que la mayoría de las personas a las que les están decomisando sus vehículos son personas de escasos recursos, que con muchos sacrificios adquieren una unidad para poder trasladarse de su trabajo a su hoga, además de que en todo caso la autoridad competente sería el SAT o la Policía Fiscal y ellos estarían usurpando funciones.

Las familias aseguran que antes de iniciar la marcha y el plantón, que duró por espacio aproximado de dos horas, fueron amenazadas por parte de los oficiales de la Policía Federal, con el fin de evitar el movimiento ciudadano.
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