Guatemala.- Apenas se supo que al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, le habían retirado su inmunidad, fuera del Congreso los manifestantes comenzaron a corear: “El pueblo, presente, no tiene presidente”.

Se ha convertido en uno de los lemas de la gente, pero la realidad es que el mandatario, en la cuerda floja por un escándalo de corrupción que ha generado movilizaciones históricas en el país, por ahora sigue al frente del Poder Ejecutivo.

Por cuánto tiempo y de qué forma logrará hacerlo, es una incógnita.

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Con el voto de 132 diputados, de los 105 necesarios, Pérez Molina, de 64 años, se quedó este martes sin inmunidad —la primera vez que un presidente guatemalteco sufre esta situación— y ahora podrá enfrentar a la justicia.

Apenas dos horas después de haber sido desaforado, el juez Miguel Ángel Gálvez otorgó medida de arraigo solicitada por el Ministerio Público (MP) para evitar su salida del país, con lo que queda abierta la posibilidad de que se le dicte una orden de arresto.

La fiscal general, Thelma Aldana, indicó que luego de haberse retirado la inmunidad “el presidente será sometido a los tribunales del país, como un ciudadano ordinario”.

“Nunca imaginé y nunca hubiera querido iniciar un antejuicio contra el presidente, sin embargo, la evidencia hizo imperativa hacer esta solicitud”, aseveró.

El presidente fue acusado el 21 de agosto por la fiscalía y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo avalado por Naciones Unidas, de liderar una mafia de corrupción aduanera que defraudó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Katy Watson, enviada especial de la BBC en Ciudad de Guatemala

Se preveía un voto a favor, pero aun así los nervios no se calmaron. ¿Se presentaría el número suficiente de diputados? ¿Los miembros del partido del presidente votarían en su contra?

Cuando los resultados se hicieron públicos, hubo muchas personas que aplaudieron y celebraron. Muchos guatemaltecos no podían estar más felices. La manifestación fuera del ente legislativo se transformó en una fiesta.

En los últimos cuatro meses, decenas de miles de guatemaltecos han salido a las calles a protestar contra la corrupción gubernamental y han hecho llamados para que el primer mandatario renuncie.

La votación sienta las bases para que el líder del país sea procesado como cualquier otro ciudadano y hay una sensación general de que finalmente los políticos no están por encima de la ley.

El comisionado Iván Velásquez aseguró que en las más de 80.000 escuchas telefónicas realizadas en el marco de la investigación y en los más de 5.000 mensajes de correo electrónico revisados existían referencias a “el uno” y “la dos”, que corresponderían a la participación de Pérez Molina y de su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Baldetti se vio forzada a renunciar en mayo y se encuentra en prisión.

Pérez Molina, acusado por la fiscalía y la Cicig de los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo, ha defendido su inocencia desde que estalló el escándalo en abril y en numerosas ocasiones rechazó estar involucrado.

“Es una situación delicada y compleja, como nunca se había visto en el país. Yo tengo dos opciones: una es renunciar y la otra someterme a la justicia, y es lo que voy a hacer”, aseguró el lunes en sus últimas declaraciones públicas.

El proceso

Pero, ¿cómo sigue el proceso para el presidente?

En resumidas cuentas, la fiscalía podría ahora pedir la comparecencia de Pérez Molina ante un juez, quien de encontrar indicios para imputarlo, deberá determinar si el presidente puede esperar el juicio en libertad o si debe hacerlo en prisión preventiva.

De acuerdo al artículo 7 de la Ley de Antejuicio, un dignatario o funcionario público sólo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez ordene su prisión preventiva.

De hacerlo, en ese momento Pérez Molina dejará de ser presidente y asumirá el cargo el vicepresidente Alejandro Maldonado, quien a su vez deberá proponer una terna de reemplazantes al Congreso y se convertirá en presidente hasta el fin del mandato, previsto para el 14 de enero.

Pero para que todo ello ocurra se debe cumplir en primer lugar con el formalismo de que el Congreso emita una resolución en la que se declara con lugar el antejuicio.

De esa forma el presidente pierde formalmente su inmunidad y el expediente retorna a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El máximo organismo judicial deberá enviarlo al tribunal ordinario que corresponda, y mientras tanto el presidente seguirá en su cargo pendiente de la investigación del MP.

Otras opciones

La justicia podría:

Solicitar una orden de captura contra el presidente y la revisión de sus cuentas bancarias y propiedades. En este caso, Pérez Molina estaría obligado a dejar el cargo.

Una posibilidad más es que el presidente sea sometido a arresto domiciliario.

Y una alternativa adicional es que el MP solamente lo cite para que presente su primera declaración.

En todo caso, el juez es quien deberá decidir si el presidente enfrentará o no su proceso en libertad.

El mandatario había solicitado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que pretendía evitar la votación ocurrida este martes.

La petición no ha sido resuelta por el órgano de justicia, que tiene entre 24 y 48 horas para tomar una decisión, pero de acuerdo con medios locales es previsible que los ministros acuerden no amparar al mandatario.

El retiro de inmunidad llega en un momento delicado en la vida del país, a días de las elecciones generales del próximo domingo en las que no se espera que ningún candidato obtenga los votos suficientes para evitar una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.