Ciudad de México.– Dolores, mujer oaxaqueña presa desde mayo de 2014, fue liberada debido a la ausencia de una investigación que esclareciera los hechos que se le imputaron por el delito de privación ilegal de la libertad, dio a conocer Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL).

Dolores, madre de una niña de 7 años, estuvo en prisión preventiva dos años 11 meses en el Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, en Oaxaca, denuncia la organización.

Este no un caso aislado, asegura ASILEGAL, pues “el 75% de las mujeres se encuentra en esta situación, es decir, no cuentan con una sentencia que compruebe su culpabilidad, esto es representativo de la violencia de género que existe en el ámbito del acceso a la justicia”.

“Debido a la ausencia de una investigación sólida que contribuyera al esclarecimiento de los hechos, Dolores fue víctima de violaciones a su derecho de acceso a la justicia”, refiere un comunicado.

Entre las principales violaciones que Dolores sufrió durante su proceso están la realización de una audiencia sin su presencia, así como la omisión al deber de objetividad y lealtad de la Fiscalía quien sabiendo que tanto la vinculación a proceso como la acusación estaban basadas en pruebas no sólidas, no promovió el sobreseimiento con el que se reconocía la inocencia de Dolores sino hasta ayer, día en el que dio inicio la etapa de juicio en el caso.

Tras múltiples argumentaciones por parte del abogado y coordinador del Área Jurídica de ASILEGAL, Edgardo Calderón, el Ministerio Público finalmente admitió que no contaba con las pruebas suficientes para comprobar la culpabilidad de Dolores.

Además de las violaciones al debido proceso, refiere el documento, Dolores fue víctima de una grave violación a sus derechos reproductivos ya que cinco días después de haber sido detenida le fue practicado un legrado sin que se contara con las condiciones médicas necesarias, sin informarle del procedimiento y sin que se le hubiera dado el tiempo necesario para su recuperación.

ASILEGAL identificó que uno de los problemas que enfrenta el Sistema de Justicia Penal Acusatorio es la dificultad para la correcta valoración de la evidencia probatoria, la cual quedó demostrada en la omisión de la debida diligencia por parte del órgano investigador y del cuerpo pericial que conocieron del caso de Dolores.