Monterrey.- Aunque desde el 2011, con la llegada del sistema penal acusatorio, se implementó el uso de los brazaletes electrónicos como medida cautelar, este recurso no se aplica en Nuevo León.

“No se cuenta ni con la plataforma informática, ni con la tecnología, ni con recursos ni nada para aplicarlo”, reconoció Ana Salazar, directora de la Fiscalía Especializada en Robos de la Procuraduría estatal.

“No ha salido todavía el problema porque no se ha solicitado… Si la solicitan, el juez va decir que no hay recursos y aplican otras medidas”.

Actualmente, detalló, para sortear la falta de estos aparatos se ha optado por la figura de resguardo domiciliario, también conocido como arraigo.

Desde julio del 2011, el estado contempla la aplicación de localizadores electrónicos como una medida cautelar válida en el Código Procesal Penal.

Incluso, el brazalete se permite desde el 29 de julio del 2004, pero sólo se tiene registro de su uso el 9 de diciembre de ese año por dos presuntos responsables de la ejecución de un abogado.

Actualmente en todo el país se aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también contempla esta medida en el artículo 155.

A diferencia de Nuevo León, al menos siete estados ya lo usan porque han determinado que sale más barato que tener a los procesados en prisión.

La falta de vigilancia, ya sea policiaca o con algún sistema, ha facilitado que los arraigos sean violados por los sospechosos en Nuevo León.

En las últimas semanas han trascendido tres casos, entre ellos el de Guillermo René Escamilla Cabriales, presunto integrante del Cártel del Golfo detenido con armas largas que escapó dos días después de que un juez le dictó arraigo en su domicilio.