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Comentar"Yo no voy a juzgar documentos que manejan instancias de otro Estado. En el caso de la Audiencia Nacional Española soy respetuoso de la institucionalidad, no sólo en el interior del país, sino de la institucionalidad de otros países", señaló Funes.
El periódico madrileño El Mundo publicó el domingo documentos desclasificados por la inteligencia de Estados Unidos, en la que se establece que en una reunión de la cúpula militar de la Fuerza Armada de El Salvador el 15 de noviembre de 1989, Ponce, el entonces jefe del Estado Mayor, habría ordenado la matanza.
La justicia española abrió un proceso judicial contra 14 militares salvadoreños, entre ellos Ponce, sospechosos de la autoría intelectual del crimen de los seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) y habrían sido citados a declarar al respecto.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó que recibió un pedido de solicitud de la Audiencia Española para que colaborara en el envío de las direcciones de residencia de los oficiales en retiro por el caso de los mártires religiosos y dos de sus colaboradores hace 20 años.
"Esas investigaciones seguirán el curso que la Audiencia Española estime conveniente. Será ésta (instancia) y el juez responsable que ha abierto el expediente a iniciativa de dos instituciones de abogados de los Estados Unidos, los que decidirán si le da validez a esos documentos", sostuvo Funes.
"No me corresponde a mí juzgarlos", afirmó el gobernante, que el 16 de noviembre, en los 20 años de la muerte de los jesuitas, les otorgó un reconocimiento póstumo con la medalla "José Matías Delgado" por su contribución a la paz y la democracia que dieron al país.
"No es lo único que haremos como Estado para lograr la reparación moral de las víctimas (en aras) del establecimiento de la verdad y para que los errores y abusos que se cometieron en el pasado no se vuelvan a repetir", añadió el presidente.
Funes manifestó que su jurisdicción sólo le permite estimular la reparación moral de las víctimas, y en ese caso otorgó la máxima condecoración a los sacerdotes asesinados.
El gobernante añadió que no le corresponde a él derogar la Ley de Amnistía, sino al Congreso, para poder enjuiciar a los militares en El Salvador.
Por este caso, algunas de las familias de las víctimas han demandado a los militares involucrados ante instancias de España a través de organizaciones de derechos humanos y de abogados.
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