Ayer se dio a conocer que personal de la Fiscalía de la Región se constituyeron en el mineral de Barroterán, de donde eran originarios varios de los mineros caídos en el pozo de carbón propiedad de la empresa Binsa, para iniciar las diligencias y proceder a lo que conforme a derecho le corresponde a los familiares.
De acuerdo a instrucción del fiscal general, ministerios públicos y secretarios abogados, realizarían las diligencias directamente en los hogares de las familias afectadas, dado que luego de varios días de espera para brindar cristiana sepultura a sus seres queridos, estarían agotados y las instrucciones fueron precisas para que la atención fuera directa y en las comunidades correspondientes.
La misma situación estaría pasando en los hogares de los mineros caídos en el municipio de Sabinas, con lo que empezarían las diligencias y conocer si existe responsabilidad penal para el propietario de la empresa en cuestión y en corto tiempo, la Fiscalía General de Justicia estaría informando al respecto a la opinión pública.
Como se recordará, la PGR por su cuenta realizaría diligencias de su competencia, así como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero también compete a la Fiscalía General de Justicia el integrar las averiguaciones previas para conocer el deseo de los deudos, si interpondrán formal denuncia y se actúe conforme a derecho o si sólo exigirán el pago de la reparación de los daños.
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