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Los funcionarios establecieron que de 17 bancos acreedores con que sostenían pasivos por el orden de los 33 mil 867 millones de pesos, la reestructura ascendió a 35 mil 760 millones de pesos.
La estrategia establece también que como pilares de fortalecimientos se establecieron tres ejes: los ajustes financieros importantes con esfuerzo sostenido durante toda la administración próxima; la extensión del perfil de vencimiento de la deuda, a fin de hacerlo congruente con la capacidad de pago y la contratación de tasas fijas mediante instrumentos de cobertura y la creación de un fondo de estabilización de los ingresos estatales.
Los funcionarios explicaron que se llegó a un acuerdo con los acreedores financieros para crear un fideicomiso maestro que será el vehículo de administración y pago del servicio de la deuda y es el vehículo mediante el cual se establecen las metas y controles para la reducción gradual de la deuda.
Con ello, dijeron, se permitirá que la inversión proyectada al cierre del presente año es de 8 mil 371.3 millones de pesos, de los cuales 42% se destinaría al desarrollo económico y empleo.
Asimismo, 54.1% al rubro de justicia social, mientras que 2.7% al área del buen gobierno y 1.2 en el compromiso con la sustentabilidad ambiental.
CRECIMIENTO
Ochoa Galindo y Ramos Flores indicaron que la entidad presenta un crecimiento sostenido superior al promedio nacional, por ejemplo en 2010 fue de 5.4 y de 11.8 en Coahuila, mientras que este año se sitúa entre el 3.9 nacional y el 4.4% en el estado.
Coahuila es líder nacional en desempeño económico con el 6.3%. Tan sólo entre octubre de 2010 y octubre de este año, en nuestro estado se generaron más de 38 mil empleos formales.
En cuanto al combate a la pobreza, el tesorero y el titular del SATEC señalaron que en Coahuila 106 mil habitantes dejaron de ser pobres mientras que a nivel nacional ahora son 3.2 millones más en este rubro.
En otro orden, aseguraron que el Gobierno de Coahuila está en la mejor disposición de dialogar con el sector privado en torno a una eventual homologación en el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) con el resto de los estados del país, cuyos recursos se destinarían a educación, infraestructura para el desarrollo, salud, educación y obra pública.
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