Ciudad de México.- Las reformas estructurales implementadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto vulneran en primer lugar a los territorios y la autonomía de las comunidades indígenas, ya sea a través de las concesiones para actividades mineras o energéticas, o por la “privatización” de los sectores de salud y de educación, plantearon tres organizaciones en un informe publicado hoy.

Las organizaciones –el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Región Sureste y la organización venezolana Red Nacional por los Derechos Humanos (RENADDHH)– señalaron que, en el estado de Chiapas, el cual concentra la mayor proporción de población indígena en el país, las infraestructuras de salud y de educación se encuentran en el abandono y “al borde del colapso”.

El informe, que señala algunas deficiencias graves en materia de derechos humanos en el país, fue enviado hoy al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que realizará un informe periódico sobre México durante su 62ª sesión, que celebrará entre los próximos 18 de septiembre y 6 de octubre en Ginebra.

No queda desapercibido que la RENADDHH, una organización venezolana de afinidad bolivariana, participó en la elaboración del informe en medio de las tensiones diplomáticas que estallaron entre México y Venezuela desde el pasado mes de abril.

El gobierno de Enrique Peña Nieto encabezó un grupo de países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que multiplicó las declaraciones de repudio a las medidas “antidemocráticas” y “autoritarias” adoptadas por el gobierno de Maduro ante la agravación de la crisis política en su país.

El gobierno bolivariano, por su parte, denunció en varias ocasiones la “hipocresía” del gobierno mexicano: aseveró que la administración de Peña Nieto fomentaba un golpe de Estado de la “derecha conservadora” urdido desde Estados Unidos, y señaló la crisis de derechos humanos que azota a México desde hace una década.

La Cancillería venezolana intentó llevar el tema de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ante la Asamblea General de la OEA que se llevó a cabo en Cancún los pasados 20 y 21 de junio, pero su propuesta de incluir este debate en la orden del día fue desechada.