México.- Las reformas constitucionales que se publicaron el 10 de junio de este año en materia de derechos humanos fueron el resultado de un trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

De acuerdo con el apartado sobre garantías fundamentales del V Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, esas modificaciones constituyen un avance trascendental para la cultura de la promoción, el respeto y las protección de los derechos de las personas en México.

Estas reformas constitucionales elevan a rango constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte.

Además obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar las garantías fundamentales bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, al tiempo que las determina como componente básico de la educación en el país.

Para cumplir con las obligaciones internacionales del país en la materia, indica, la Cancillería realizó diversas acciones como la entrega de do informes consolidados de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Además se sustentaron ante el Comité de los Derechos del Niño los informes iniciales sobre la aplicación de los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la participación de infantes en conflictos armados y a la venta de menores de edad, la prostitución y la pornografía infantil.

El Estado mexicano también sustentó ante el Comité de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, su segundo informe relativo a la aplicación de la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

Además, con la ejecución del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 (PNDH), la Secretaría de Gobernación (Segob) promovió la inclusión de la perspectiva de los derechos humanos en la definición y aplicación de las políticas públicas de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

En el periodo de septiembre de 2010 a junio de 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 83 recomendaciones, por concluir que algún funcionario de los distintos órdenes de gobierno violó alguna de las garantías fundamentales.

De la cantidad mencionada de recomendaciones, 55 fueron dirigidas a alguna autoridad integrante de la administración pública federal, de las cuales 33 han sido aceptadas, 21 se encuentran en tiempo para ser aceptadas y una ha sido rechazada.

Del total de recomendaciones aceptadas, siete tienen pruebas de cumplimiento parcial, 23 se encuentran en tiempo para presentar pruebas y tres han sido aceptadas sin pruebas de cumplimiento.

En materia de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se detalla que el gobierno federal ha dado cumplimiento a esos resolutivos mediante diversas acciones.

Por ejemplo detalló que se lograron avances importantes en materia de investigación de los hechos, búsqueda y localización de los restos del señor Rocendo Radilla Pacheco.

Asimismo, en noviembre de 2010 el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Senadores la iniciativa de decreto por el cual se reforma el Artículo 57 del Código de Justicia Militar, lo cual permitirá dar cumplimiento al resolutivo específico de la sentencia.

En el caso del “Campo Algodonero”, se coordinaron reuniones con el gobierno de Chihuahua para dar seguimiento a las investigaciones de los tres casos de homicidio y desde la notificación de la sentencia en diciembre de 2009, se aplicó una investigación con perspectiva de género en la que coadyuvan los representantes de las víctimas.