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Reo habría iniciado incendio en penal de Honduras

Por AP

Publicado el miércoles, 15 de febrero del 2012 a las 23:51


Las autoridades penitenciarias informaron que un recluso quemó su colchón dentro de su celda...

Honduras.- El incendio en la cárcel Granja Penal de Comayagua que causó la muerte de por lo menos 300 presos, habría sido causado por uno de los reos, informaron las autoridades.

“Un reo habría causado el incendio al quemar su colchón. Algunos de sus compañeros de celda dijeron que él gritó ‘aquí nos moriremos todos’ y en cinco minutos todo ardió”, dijo el director nacional del sistema penitenciario, Danilo Orellana.

Se desconocen los motivos del prisionero para actuar de esa manera. La versión fue confirmada a periodistas por Leonel Silva, jefe de los bomberos de Comayagua.

“Este es un día de profundo dolor y lamentamos lo sucedido”, dijo el presidente Porfirio Lobo en cadena de radio y televisión. “Expreso mi solidaridad a los familiares de los compatriotas que perdieron la vida”, agregó.

Lobo agradeció a su colega chileno Sebastián Piñera el envío de un contingente de expertos forenses para hacer una rápida identificación de los fallecidos y la solidaridad recibida de los presidentes de Estados Unidos, Colombia y Nicaragua.

A su vez, suspendió de sus cargos a los funcionarios del centro penal y de la administración nacional de cárceles mientras se investiga el caso. Uno de ellos es Orellana, quien afirmó en rueda de prensa que “soy disciplinado y acepto la disposición presidencial”.

El vocero de los bomberos de Comayagua, Josué García, calificó de “dantescas” las escenas que observó en el lugar cuando participó en las labores para extinguir el fuego. Relató que muchos reclusos perecieron en medio de la desesperación al no poder salir de sus celdas.

“Unos 100 prisioneros murieron calcinados o asfixiados por los gases provocados por las llamas en el interior de sus celdas, que estaban aseguradas con candados. Lamentablemente no pudimos sacarlos por no tener las llaves a mano y no hallar al guardia que las portaba”, añadió.

Seis prisioneros murieron ahogados al tratar de salvarse sumergidos en una pileta de agua de la celda que ocupaban.

En la cárcel había 852 reos. Al pasar la lista en la madrugada, faltaban 356. “La mayoría de ellos podría haber muerto y otros resultaron con quemaduras, escaparon o sobrevivieron”, dijo a la AP Ramón Custodio, comisionado nacional de Derechos Humanos.

Lucy Marder, directora del Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público, dijo que “la cifra de muertos podría ser superior a los 300 prisioneros”.

En una rueda de prensa transmitida por la radio nacional, Marder indicó que un equipo de médicos de la fiscalía se ha trasladado a Comayagua a realizar las tareas de identificación.

“Tenemos un gran trabajo por delante, que podría durar dos semanas”, dijo.

Marder añadió que nueve reclusos con quemaduras graves recibían asistencia médica en el Hospital Escuela de Tegucigalpa y otros 12 en el Hospital Santa Teresa de Comayagua.

“Por eso, la cifra de fallecidos podría ascender a medida que hacemos el recuento”, señaló.

Un prisionero de 26 años murió en el Hospital Escuela, informó el vocero de la institución, Gerardo Aguirre. Tenía quemaduras en el 80% de su cuerpo. Los restantes prisioneros hospitalizados presentaban quemaduras en el torso, manos y pies.

Las llamas se propagaron rápidamente al quemarse los colchones, ropa y sábanas de los reclusos. El edificio resultó parcialmente destruido. “De repente alguien gritó ‘fuego, fuego, fuego’ y sentí miedo y comencé a pedir auxilio junto a mis compañeros de celda”, relató a la emisora HRN un prisionero que se identificó como Silverio Aguilar.

Agregó que “por un rato nadie nos hizo caso pero después de unos minutos, que se nos hicieron eternos, un guardia apareció y nos abrió el portón de la celda, que estaba con candado”. En esa celda había más de 60 reos, señaló.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) , José Miguel Insulza, expresó en un comunicado su consternación por la tragedia en Honduras.En tanto, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos de Honduras, declaró a la AP que el incendio fue “una negligencia inexcusable que refleja la poca sensibilidad y el nulo compromiso del Estado para con los derechos de los prisioneros”.

Agregó que los penales hondureños “mas allá de estar desbordados, se convierten en campos de concentración y escuelas de crimen”.

Cientos de familiares acudieron al Hospital de Santa Teresa para averiguar la situación de sus seres queridos, dijo Silva.

En tanto, otros cientos derribaron parte del cerco metálico del penal y se introdujeron al lugar en busca de los restos de sus familiares. “Los policías no nos dejaban entrar para ver a nuestros seres queridos”, dijo llorando a la AP Natalia Juárez, hermana de un reo presuntamente fallecido.

Unas mil personas trataron de romper los candados de los portones de la prisión pero la policía lo impidió dispersando a la multitud con gases lacrimógenos. El canal 5 de televisión mostró imágenes de familiares de las víctimas arrojando piedras a los policías. “Queremos ver el cuerpo de nuestro familiar”, afirmó por teléfono Juan Martínez, padre de un prisionero fallecido. Aseguró que “aquí estaremos hasta lograr nuestro objetivo”.

En la muchedumbre se pudo ver gran cantidad de niños y mujeres cargando a sus bebés en brazos.

Orellana dijo que los familiares “deben entender que hay que cumplir la ley… todos ellos tendrán la oportunidad de ver los restos de sus seres queridos, pero en este momento los forenses hacen su labor de reconocer los restos”.

El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, dijo en rueda de prensa en Comayagua que el gobierno adoptará medidas para mejorar los centros penitenciarios del país, que permanecen en malas condiciones estructurales desde hace 40 años y no han sido mejorados por falta de recursos. “Este es un problema de Estado y en esa forma se resolverá”, dijo Bonilla.

Agregó que el gobierno suministrará los ataúdes a los familiares de las víctimas y les proporcionará “todo lo que ellos requieran”.

En julio de 2010, Lobo declaró un estado de emergencia en nueve de las 24 prisiones de Honduras. Su ministro de Seguridad consideró entonces que las prisiones eran “universidades del crimen” y estaban desbordadas.

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