''Lo dije antes y lo repito: Si hay una necesidad de que yo renuncie con tal de que Zelaya no vuelva al país y si viene (que lo haga) cuando haya un nuevo gobierno, que venga, pero que se venga a someter a la justicia'', dijo el viernes el presidente de facto en una entrevista con Canal 10 de la televisión local.
Un comando militar capturó y expulsó del país a Zelaya el 28 de junio. La comunidad internacional desconoció al gobierno de Micheletti y ha impuesto sanciones a Honduras.
Las declaraciones de Micheletti contrastan con la propuesta que reveló el jueves Arturo Corrales, uno de los mediadores del gobierno de facto, la víspera desde Washington.
Dijo que la propuesta fue presentada a la delegación de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó el país a principios de la semana. Se propuso la renuncia de Micheletti para que asuma el poder una tercera persona y además el apoyo del gobierno para que el congreso apruebe una amnistía para los delitos políticos.
La vicecanciller Lorena Alvarado dijo el viernes que ''tengo la impresión que no es una propuesta formal, es apenas una declaración (de Corrales) en una entrevista sobre algunos puntos que se han puesto sobre la mesa''.
''La negociación formal se hace en la mesa del Acuerdo de San José'', añadió.
Está previsto que los simpatizantes de Zelaya marquen el segundo mes del golpe de estado ocurrido el 28 de junio con una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos para exigir a Washington que ejerza mayor presión contra el gobierno de facto.
Micheletti aseguró en la entrevista con el Canal 10 que pretende quedarse en el poder, hasta entregar al nuevo presidente y que ''si tenemos elecciones libres, los pueblos del mundo tienen la obligación de reconocernos''.
La delegación de cancilleres llegó al país para instar al gobierno de facto y los sectores que le apoyan a aceptar el denominado Acuerdo de San José, que estipula el retorno de Zelaya al poder, una amnistía y que éste desista de su intento de cambiar la constitución.
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Dicha propuesta fue rechazada por empresarios, políticos afines al gobierno de facto y el propio Micheletti.
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