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Washington.- El aspirante a la candidatura presidencial republicana Mitt Romney obtuvo ingresos por 42.5 millones de dólares en 2010 y 2011, por los que pagará 6.2 millones de dólares en impuestos, según documentos divulgados hoy por su oficina de campaña.

La declaración de impuestos de Romney, de 500 páginas, documenta ingresos por inversiones personales por las que sólo pagó 13.9 por ciento de impuestos en 2010 y pagará alrededor de 15.4 por ciento en 2011.

'Romney está orgulloso de su éxito y de los logros que han creado ganancias para la sociedad en su conjunto y contribuido a la generación de más de 100 mil empleos', subrayó su campaña.

Casi la totalidad de los fondos de Romney y su esposa provienen de dividendos de capital por inversiones con los ingresos que obtuvo a cargo de la exitosa empresa Bain Investments, además de recursos suplementarios por discursos pagados.

Su tasa impositiva es menor al promedio pagado por los millonarios, de alrededor de 25 por ciento, debido a que en el caso de Romney no tiene ingresos asalariados. En Estados Unidos las ganancias de capital se pagan a tasa fija de 15 por ciento.

La reticencia inicial de Romney, el más acaudalado de los aspirantes presidenciales, a dar a conocer su declaración fiscal no sólo fue objeto de críticas, sino considerada como un factor que le restó popularidad en Carolina del Sur, donde perdió ante Newt Gingrich.

Gingrich tuvo ingresos por 3.1 millones de dólares en 2010, por los cuales pagó 990 mil dólares en impuestos federales, lo que representa una tasa efectiva de más del 30 por ciento.

Los Gingrich dieron 81 mil 333 dólares a la caridad, un poco más del 2.0 por ciento de sus ingresos.

Gingrich propuso una reforma fiscal para tener un impuesto fijo de 15 por ciento para todos los estadounidenses, al que bautizó irónicamente como el 'impuesto Romney'.

Bajo su plan, Romney virtualmente no pagaría impuestos porque las ganancias de capital son gravadas a tasa cero.

Los demócratas propusieron crear en cambio un nuevo impuesto a los ricos y a las empresas, con el propósito de sufragar el costo fiscal de la extensión del recorte impositivo a los trabajadores por nómina y el seguro del desempleo.




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