México, D.F.- Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el menor de 13 años que murió tras recibir un impacto de un artefacto disparado por elementos de la Policía Estatal de Puebla el pasado 9 de julio, en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, acudió este día al VI Congreso Mundial de la Infancia y la Adolescencia en el estado, sin embargo, organizadores del evento la sacaron.

Misraim Hernández Fernández, activista del Contingente Puebla, acompañó a Elia, pues ella recibió una invitación de representantes internacionales que acudieron al Congreso, mismo en el que se reunirían de manera privada para hablar sobre su caso, sin embargo, al estar en una sala con una comisión cuyos representantes eran de Alemania, Bolivia y Venezuela, los sacaron del lugar.

“Ellos fueron quienes la invitaron, ella no fue a meterse. Era una reunión privada, no se iba a hablar en público, simplemente era una reunión privada con organizaciones internacionales”, dijo el activista.

Tras estar una hora en el lugar con la comisión internacional, se les dijo que estaba prohibido hablar sobre el tema de José Luis y que debían salir porque no podían estar en ese lugar. “Nos querían sacar por la puerta trasera, pero no lo hicimos porque no somos delincuentes”.

Las personas de las organizaciones, aseguró Hernández Fernández, también se ofendieron, principalmente la persona de Alemania, quien pretendía hacer un pronunciamiento sobre el caso, pero se lo prohibieron. ”Salimos rodeados de seguridad, pero también se fueron con nosotros las personas de las organizaciones internacionales”, explicó.

Una comisión de la ONU salió también en solidaridad con Elia y se reunieron afuera donde platicaron más sobre el caso.

Al Congreso acudieron representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), también de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como un jefe de la Delegación de la Unión Europea en Mexico, entre otros.

El pasado 9 de julio, la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan se manifestó en la autopista Puebla-Atlixco para exigir la restitución del servicio del Registro Civil a las oficinas de las Juntas Auxiliares, un operativo bajo el mando del Secretario de Seguridad del estado, Facundo Rosas Rosas, acudió para dispersar a la gente, sin embargo, cuatro personas resultaron detenidas y nueve heridos, entre ellos José Luis de 13 años que murió 10 días después de los hechos debido a las lesiones que recibió en la cabeza tras el impacto de un artefacto disparado por los uniformados.

Por ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una averiguación por violaciones graves y emitió 11 recomendaciones dirigidas al Gobernador Rafael Moreno Valle, sin embargo, éstas hasta el momento no se han cumplido.

Además, el gobierno estatal clasificó como reservados los nombres, cargos y sanciones aplicadas a los funcionarios responsables del desalojo de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan en la autopista Puebla-Atlixco. Así como datos del fideicomiso creado para indemnizar a los afectados.

Respecto a las compensaciones, hasta el momento se desconoce el monto total, pero en el caso de Hugo Jiménez Varela, un joven que perdió la vista en su ojo izquierdo y que ha gastado más de 100 mil pesos para atenderse, sólo le han ofrecido dos bolsas de despensa.

“Llegaron [dos mujeres] un día lunes a mi casa preguntando por mi nombre, pero en tono de burla me dijeron que quedó bien mi ojo, que hicieron un buen trabajo y como les respondí un poco agresivo me dijeron: ‘no te enojes, aquí te mandan dos bolsas de despensa’, las dejaron en el piso y se fueron”, afirmó durante un foro en la Casa de la Aduana Vieja ante investigadores de diversas unidades académicas de Puebla el mes pasado.

También la madrugada del pasado 19 de octubre, elementos de la Policía Ministerial de Puebla ingresaron a la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan para detener a cinco personas, esto bajo el pretexto de cumplir con otra de las recomendaciones de la CNDH donde se pedía el castigo a las personas implicadas en la manifestación.

Raúl Contreras Montes y Álvaro García Xelhua, a quienes se les imputaron los delitos de motín y ataques a las vías de comunicación, alcanzaron fianza. El primero obtuvo su libertad tras pagar 43 mil pesos de fianza y Álvaro García, pagó 49 mil pesos.

Sin embargo, Florentino Tamayo Ponce, Fausto Montiel García y Vicente Juárez Varela, acusados de los delitos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de la comunicación, no alcanzaron la libertad bajo fianza y se les dictó auto de formal prisión el pasado viernes 24 de octubre a las 2:00 de la mañana.

Desde entonces, la comunidad se mantiene en vigilancia las 24 horas del día, pues aseguran no dejarán pasar a elementos de Seguridad Pública para hacer más detenciones. Además, en al menos dos ocasiones patrullas y camionetas ministeriales han acudido a las entradas de la población para intimidar a sus habitantes.

lff