María Guadalupe Hernández Bonilla, secretaria de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura, externó que durante 2010 se recibieron 89 quejas, mientras en 2011 se registraron 59, cifras atraídas por quejas ciudadanas y por procedimientos iniciados de oficio por la Judicatura.
Una parte de las quejas de este año son heredadas de 2010, y otra parte son declaradas improcedentes.
Las sanciones aplicadas surgieron por faltas administrativas, debido a que no se emitieron acuerdos en los plazos que establece la ley o por probables actos de corrupcion, “aseveraciones que deben comprobarse”, dijo la funcionaria.
Hernández Bonilla explicó que los apercibimientos y amonestaciones son llamadas de atención ante faltas no graves, mientras que en las suspensiones el servidor público deja de laborar por uno y hasta tres meses sin goce de sueldo, y todo esto en conjunto pasa a formar parte del expediente personal del servidor y se toma en cuenta a la hora de escalar peldaños.
Mencionó que en el caso de las suspensiones, se han dado por asentar situaciones falsas en diligencias, por faltas a las jornadas de trabajo y por negligencia.
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