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La legisladora panista propuso reformar el Código Penal para brindar mayor protección a las mujeres y disuadir las agresiones, antes de que las muertes violentas alcancen cifras alarmantes, como ocurre en Chihuahua, Baja California, Guerrero, Durango o Tamaulipas.
Planteó adicionar el Artículo 356 Bis para aplicar las penas a quien prive dolosamente de la vida a una mujer, en aquellos casos en que la víctima presente signos de violencia sexual y cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posteriormente a la privación de la vida.
También, cuando existan antecedentes de cualquier tipo de violencia o cuando la víctima y agresor tengan o hayan tenido una relación de concubinato, noviazgo, laboral, de vecindad o cualquier otra que implique amistad o relación de confianza.
Asimismo, cuando existan datos que establezcan que se cometieron amenazas, acoso o lesiones en contra de la víctima; en los casos en que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento y si el cuerpo es expuesto, depositado o arrojado en lugar público.
Además de la sanción, el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y en caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
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