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Esta reforma se publicó el 23 de marzo en el Periódico Oficial, por el Congreso del Estado, contempla la disolución de la Dirección de Pensiones y el Fondo de Vivienda, para fusionarse en el Instituto Estatal de los Trabajadores de la Educación para su Seguridad Social.
Los inconformes aseguran que la conformación de este nuevo Instituto afecta los derechos y las prestaciones de los académicos de la Narro y la Universidad Autónoma de Coahuila, ya que estas dos instituciones no tendrán voz ni voto dentro del Consejo Directivo.
También, porque se les incrementaron las cuotas anuales a pagar, en 1 %, en lo que respecta al caso de la Universidad Antonio Narro, además de que aseguraron que serán excluidos en dos de las cuatro prestaciones que se manejaran en el Instituto, entre ellas el Fondo de Vivienda.
Igualmente, señalaron que en la creación de este organismo no se siguió la técnica jurídica ni legislativa, como la realización de un consenso entre los académicos universitarios, lo cual se omitió.
Los sindicatos que conforman este nuevo Instituto tienen 30 días hábiles a partir de la publicación, el 23 de marzo, para interponer un amparo.
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