Internacional
Por AFP
Publicado el martes, 31 de octubre del 2017 a las 09:01
Barcelona, España.- El Gobierno español tomó las riendas del poder en Cataluña sin hallar resistencia del destituido presidente independentista Carles Puigdemont, que el lunes viajó a Bruselas, Bélgica después de recibir una querella por rebelión y sedición.
El lunes fue el primer día laborable desde que el parlamento de Cataluña declaró la independencia el viernes y el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó medidas destinadas a controlar la región –que gozaba hasta ahora de una amplia autonomía–, dos acciones sin precedentes en la España moderna.
En un ambiente de gran incertidumbre, todos esperaban ver si Puigdemont se resistiría a abandonar el cargo.
Durante horas, decenas de periodistas aguardaron su llegada a la sede del Gobierno regional en Barcelona, pero no apareció.
Por su parte el abogado belga Paul Bekaert, experto en temas de asilo, que en el pasado defendió a presuntos miembros de la organización armada vasca ETA, confirmó que había estado en contacto con Puigdemont, pero no que vaya a solicitar asilo.
“No se ha decidido nada en este plano”, dijo a la cadena de televisión belga VRT.
El domingo, un ministro belga, separatista flamenco, insinuó que el país podría ofrecer asilo al Gobierno independentista catalán, aunque el primer ministro Charles Michel lo desmintió después.
Sin poder confirmar esta información el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, afirmó “a él le pesa mucho que si lo vinieran a detener y lo citan a declarar, pudiera haber protestas y hechos violentos”.
Por su parte, Marta Pascal, portavoz de su partido PDeCAT, recordó que durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) Cataluña tuvo líderes en el exilio que “seguían siendo presidente del Gobierno catalán”.
QUERELLAS
Minutos después de la noticia de su salida de España del Puigdemont, el fiscal general del Estado español anunció una querella contra él y su Gobierno por varios delitos –entre ellos rebelión y sedición– penados con hasta 30 años de cárcel.
Se les acusa de provocar “una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución”, dijo el fiscal general José Manuel Maza.
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