Ciudad de México.- Además de gobernadores, alcaldes y funcionarios, las empresas podrán ser castigadas por corrupción a partir del 19 de julio.

Aquellas que incurran en sobornos, tráfico de influencias y uso indebido de recursos recibirán sanciones administrativas y penales que van desde una multa hasta la disolución de la sociedad con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3.

Se sancionarán malas prácticas que incluyen operaciones empresariales con dinero público o privado, entre ellas pagos ilegales a funcionarios o fraudes.

Hay casos emblemáticos como el de Odebrecht en el que se demostró, en Estados Unidos, que la corrupción era una estrategia deliberada para mejorar la posición de la empresa.

La nueva ley pretende perseguir este tipo de casos y exhibir la conducta de la empresa, no sólo de las personas que incurrieron en el acto, precisó Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana.

“A la empresa se le podría acusar de corrupción bajo el nuevo Código Penal, porque se puede demostrar que actuó como tal y no sólo el ejecutivo. Es decir, que se pueda establecer que no fue sólo un ejecutivo de la empresa que obtuvo el beneficio indebido a partir de un soborno o cohecho, sino que la empresa tuvo una política para obtener esos beneficios indebidos”, explicó.

Otra de las sanciones es la extinción de dominio, es decir, que el Gobierno decomise los bienes como propiedades o dinero en efectivo con los que se hizo la empresa a partir de malas prácticas.

Los casos pueden seguirse de oficio, por ejemplo, cuando la Auditoría Superior de la Federación detecte una mala práctica, o, a través de una denuncia.

Cuando se identifica un posible delito, si está dentro de la Ley de Responsabilidades, sería la Secretaria de la Función Pública la que investigue, pero si entra en la dimensión penal, participaría la PGR, lo que podría funcionar como un atenuante si se demuestra que una empresa incurrió en malas prácticas.