Ciudad de México.- La sequía constituye un factor de riesgo para la seguridad nacional, advierte un informe presentado a las autoridades federales sobre los efectos del cambio climático en la gobernabilidad del país.

El estudio Los impactos climáticos relacionados con la seguridad nacional en México y Centroamérica, elaborado por el Instituto de Servicios Unidos Reales (RUSI, por sus siglas en inglés), destaca que la falta de agua y alimentos puede provocar que la población, en búsqueda de alternativas económicas, se involucre con el crimen organizado.

“Resulta muy probable que los impactos climáticos pongan a las instituciones mexicanas bajo presión, colocando al Estado en una situación complicada para proveer los servicios básicos.

Y es dentro de este contexto que los peligros contra la seguridad se tornan más agudos”, señala el documento.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, consideró que la sequía es un factor a tomar en cuenta en la evaluación de las autoridades de seguridad. Por ello, dijo, se ha puesto en marcha un programa de 34 mil millones de pesos para garantizar el abasto de agua y de alimentos, y asegurar la reactivación de los sectores económicos afectados por la sequía.

La sequía trastoca la estrategia anticrimen

Alejandro Poiré admite que la pérdida de cultivos y el cambio de actividades en el campo puede llevar a conductas ilícitas

La sequía que actualmente castiga a México complicará la lucha que libra el gobierno federal en contra de la delincuencia organizada.

Así lo demuestra un estudio realizado por el Instituto de Servicios Unidos Reales (RUSI, por sus siglas en inglés), cuyos resultados fueron presentados al gabinete de seguridad nacional de México.

“En la medida en que se altere la disponibilidad del agua y la producción de alimentos, los estilos de vida sufrirán repercusiones; se podrían incrementar las probabilidades de que más gente pretenda emigrar en busca de oportunidades económicas o, incluso, involucrarse en actividades ilícitas, a las que se suma, de manera potencial, al crimen organizado”, refiere el estudio denominado Los impactos climáticos relacionados con la seguridad nacional en México y Centroamérica.

Al respecto, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, sostuvo que el gobierno federal siempre ha estado listo para enfrentar cualquier emergencia. No obstante, reconoció que los fenómenos climatológicos, van de la mano con la gobernabilidad y la seguridad.

“Evidentemente que éste, como otros factores que inciden en la vida social de las comunidades, tiene que ser tomado en cuenta en la evaluación de las autoridades en los distintos aspectos de la seguridad pública.

“Es decir, la sequía es un factor que puede incidir en los cultivos, que puede incidir por ejemplo en algunas otras actividades y, evidentemente, que todos ellos forman parte de la evaluación que se hace específicamente en algunas de las localidades en donde la sequía es más severa”, afirmó Poiré.

Entregado al gobierno federal en octubre de 2010, el estudio dirigido por Tobias Feakin, investigador del RUSI, alertaba desde entonces que en el caso concreto de México se presentarían afectaciones importantes para la agricultura, lo cual perjudicaría el abasto de alimentos.

El estudio alertaba desde hace 15 meses sobre la presencia de ondas de calor más extensas debido a que la temporada de estiaje será más larga, lo que agudizaría la escasez de agua en el norte del país, exacerbada por el cambio climático, como está sucediendo en la actualidad.

“Resulta muy probable que los impactos climáticos pongan a las instituciones mexicanas bajo presión, colocando al Estado en una situación complicada para proveer los servicios básicos. Y es dentro de este contexto que los peligros contra la seguridad se tornan más agudos”, señala el informe que fue coordinado desde Londres, Inglaterra.

Es precisamente en este contexto que el gobierno mexicano ha puesto en marcha un programa de 34 mil millones de pesos, “para atender tanto por el lado humano de garantizar el abasto de agua y de alimentos, como por el lado productivo para poder asegurar la reactivación de aquellas actividades económicas que se están viendo afectadas por la sequía”, aseguró el responsable de la política interior.

Y es que el informe pone especial énfasis en la interacción entre los efectos del cambio climático y el crimen organizado, en los próximos cinco años, debido a que los migrantes que dependen de la agricultura buscarían un modus vivendi fuera del campo a consecuencia de las alteraciones del clima, acercándolos a las organizaciones criminales.

“En los años por venir existe, cada vez más, el riesgo de que la gente se involucre con los cárteles para tener un sustento cuando los sectores que dependen de los climas mermen su producción, puesto que está aumentando la influencia que estos ejercen en todo el país”, reza el estudio.

Además, se espera que el cambio climático eleve, todavía más, la intensidad de las sequías, precipitaciones y ciclones, “lo que exacerbará las desigualdades sociales (con respecto del empleo, salud y acceso a los alimentos, agua y otro recursos) que, de no manejarlos adecuadamente el gobierno, en su momento, desatará inquietudes y descontentos sociales”, detalla el documento.

¿Maíz o mariguana?

En su edición del domingo, Excélsior publicó que los habitantes de la sierra Tarahumara son tentados por el narco:

Según Rodrigo Llaguno, presidente de la Fundación Tarahumara, José A. Llaguno, los narcotraficantes les rentan sus parcelas para el cultivo de enervantes, dándoles entre 25 mil y 30 mil pesos al año.

“Esta vez, ni de eso podrán beneficiarse, porque la sequía no sólo acabó con el maíz y el frijol, sino que además ocasionó que no se pudiera cosechar mariguana ni amapola”, dijo el activista.