México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que de confirmarse la participación de funcionarios federales en la venta de datos personales, se podrían aplicar sanciones que van desde la inhabilitación hasta por 20 años, multas económicas y sobre todo acciones penales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la subsecretaria de Atención Ciudadana de la SFP, Elizabeth Yáñez, reconoció que el caso, además de representar un asunto de seguridad nacional, pone en riesgo los derechos de cualquier ciudadano.

Dijo que tras la queja que presentó la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, ante la SFP, se dio curso en tres instancias federales para investigar a fondo, sin la posibilidad de que el expediente sea archivado.

—¿Cuál es la ruta que lleva este proceso de investigación? —se le preguntó.

—Tenemos la obligación de darle seguimiento a cualquier denuncia que recibamos, y en el momento en que Jacqueline Peschard nos mandó un oficio, en el que informa sobre la oferta de bases de datos, entonces tenemos que ver las áreas que podrían resultar afectadas.

Explicó que hay temas que le corresponden a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) o a la de Comunicaciones y Transportes (SCT), y que por eso ya dirigieron las denuncias a los órganos internos de control responsables de cada una de estas dependencias.

Afirmó: “Ellos van a ser los responsables de hacer la investigación de cuál puede ser la posible fuga o cómo se da esta fuga de información. Básicamente nuestro papel es darle seguimiento al trabajo que están haciendo los órganos internos de control y estar muy atentos al resultado de esta investigación”.

—¿Qué hará la SFP? ¿Será un anuncio más de que ‘investigarán’ hasta que deje de ser un tema mediático?

—Es necesario ubicar la parte central que le corresponde a la SFP, y cuál es la parte de la PGR. Nuestra responsabilidad es la investigación en la parte administrativa, la Ley de Responsabilidades; eso quiere decir que cuando realizamos una investigación, hay elementos para establecer cuáles fueron las fuentes de esta fuga de información y determinar, obviamente de acuerdo al daño, la omisión y delito, cuál es el tipo de sanción.

—¿Y hasta dónde podrían llegar esas posibles sanciones?

—Desde una amonestación hasta una inhabilitación de 10 a 20 años; la multa económica se aplicará si se determina que hubo un daño patrimonial, que es parte de la investigación.

Al respecto, el titular de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, dijo que en las investigaciones sobre la venta de datos personales no hay plazos para entregar resultados, porque “se tienen que abrir varios frentes” para esclarecer si hay o no funcionarios federales involucrados.

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