El trámite regularmente se realiza en un plazo de tres días, pero a 20 trabajadores de esta dependencia se les mantiene retenido bajo el argumento del recorte presupuestal que atraviesa la administración estatal.
Carolina Quintana, una de las afectadas, denunció que “no ha recibido ninguna razón contundente para la negativa del pago, pues sólo se ha dicho que ya se ha utilizado para otros compromisos gubernamentales, pero no se está justificando en qué, no es justo”.
El préstamo requerido por la perito de la Fiscalía es de 6 mil 500 pesos, mismos que la responsable de préstamos, Patricia Urbano, se ha negado a entregarle a pesar de que ya cumple con la documentación necesaria para ser autorizado.
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