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Con esto buscan evitar que los propietarios sean secuestrados o, en el mejor de los casos, ser obligados a cerrar sus negocios.
En un recorrido por varios municipios, se constató que pequeñas industrias de la masa y la tortilla operan presas de la zozobra ante el riesgo de que sus propietarios sean secuestrados por no pagar la “cuota” que les exige el crimen organizado, de entre 20 mil y 30 mil pesos mensuales.
Pese a que tanto “La Familia Michoacana” como “Los Caballeros Templarios” presumen a través de mantas y cartulinas que su misión es “proteger” a la sociedad y no permitir que otros grupos de la mafia, sobre todo foráneos, vulneren la seguridad de los michoacanos, el pago de piso los contradice, afirma la empleada de una tortillería cuando se le cuestiona por qué cobra dos pesos más que el precio oficial del kilo de tortilla. “Son para la cuota”, agrega.
De acuerdo con Roberto Sánchez, líder de la Unión de la Industria de la Masa y la Tortilla de Michoacán, en Morelia y la zona centro de la entidad el precio del kilogramo de tortilla es de 11 pesos, mientras que en la región de Apatzingán es de 12 pesos y en Lázaro Cárdenas, de 13.
Sin embargo, en los hechos los precios son de 13, 14 y 15 pesos, respectivamente, dos más de lo permitido.
El propietario de uno de estos negocios que pidió no mencionar su nombre por temor a represalias, afirmó que muchas de estas pequeñas industrias, la mayoría familiares, se han visto obligados a “cerrar el changarro”.
“Trabajamos sólo para pagar impuestos, luz, gas, empleados y al crimen organizado, y nada para nosotros. Mejor cerramos”, lamentó.
La Unión de la Industria de la Masa y la Tortilla aglutina a más de mil 500 tortillerías en todo el estado y genera al menos 4 mil 500 empleos directos.
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