Nacional
Por Agencia Reforma
Publicado el miércoles, 30 de agosto del 2017 a las 22:00
Ciudad Victoria, Tamps.- Una juez federal suspendió cualquier orden de aprehensión girada en contra de Eugenio Hernández, que derive de una carpeta de investigación de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT).
Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, Juez Décimo Sexto de Distrito en Amparo Penal en esta capital, concedió la suspensión provisional al ex Gobernador tamaulipeco contra cualquier orden aprehensión, búsqueda, localización, presentación o citatorio.
La juzgadora le impuso el pago de una garantía de 6 mil 500 pesos para que dicha protección continúe vigente.
Según los acuerdos publicados en la lista del juzgado, Hernández reclamó cualquier mandato privativo de libertad que derive de una averiguación previa o carpeta de investigación que integra la Procuraduría Estatal y que identifica con el número 09/2017.
En su demanda de garantías, el ex Mandatario señaló que las autoridades que pudieran instruir su aprehensión o presentación son la PGJT y los Juzgados Penales del Primer Distrito Judicial, con sede en Ciudad Victoria.
La juez acordó llevar a cabo el próximo 12 de septiembre la audiencia constitucional; una vez llevada a cabo, estará en posibilidades de dictar una sentencia de amparo.
Éste es el segundo amparo que presenta Hernández contra cualquier mandato de captura que pudiera derivar de una investigación de la PGJT, ya que en abril pasado interpuso una demanda que fue desechada al no existir un mandato privativo de libertad.
A nivel federal, el ex Gobernador fue investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada, en el mismo expediente por el que fue acusado Tomás Yarrington, quien ahora se encuentra sujeto a un juicio de extradición en Italia.
Pero a diferencia de su antecesor, en 2013 la Subprocuraduría Especializada para la Investigación en Delincuencia Organizada archivó el caso contra Hernández por falta de pruebas.
Pese a lo anterior, el ex Mandatario es prófugo de la justicia de Estados Unidos, debido a que en 2015 la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi, ordenó su captura por lavado y transmisión ilegal de dinero, y este año añadió el cargo de defraudación bancaria.
A la fecha, los estadounidenses no han solicitado a México la detención provisional con fines de extradición
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