El presidente mexicano pasa por su peor momento: sólo dos de cada 10 ciudadanos aprueba su gestión y el 72 % de la población lo ve como un “€œcorrupto”€.

Un incidente que a los ojos de muchos pasó desapercibido, para otros significa el único remedio que existe en México para terminar con la corrupción y la impunidad: el 14 de agosto, mexicanos radicados en Nueva York se unieron a una campaña para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) integre una Comisión Internacional de Justicia y Verdad en su país de origen, similar a la que ya opera en Guatemala, que logró el encarcelamiento del ex presidente, Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Rossana Baldetti Elías, acusados de corrupción.

Y es que agosto no ha sido el mejor de los meses para el presidente mexicano Enrique Peña Nieto: apenas el 18 de julio había pedido públicamente perdón a los ciudadanos por la compra de la llamada “casa blanca” por más de 7 millones de dólares por parte de su esposa en 2014, a un contratista del gobierno, cuando semanas después surgieron nuevas acusaciones de conflicto de interés en Los Pinos, la residencia oficial.

El diario británico The Guardian publicó que la primera dama, Angélica Rivera Hurtado, había aceptado que un “potencial” contratista del gobierno y hermano de una ex contratista y ex funcionario de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), le pagará 30 mil dólares por los impuestos de un departamento de su propiedad en una exclusiva zona de Miami, lo cual Peña calificó en una entrevista como “un favor entre amigos” y aseguró que el dinero ya había sido pagado al empresario.

El gobierno de Peña aún no se reponía de lo que se conoció en la prensa como “la otra Casa Blanca”, cuando surgió una tercera revelación que golpeó directamente las puertas de su oficina: una investigación del equipo de la periodista mexicana Carmen Aristegui reveló que el presidente había plagiado textos de más de 10 autores en su tesis para obtener el título universitario de abogado, hace 25 años.

El hecho pareció ser minimizado por Los Pinos, que de manera oficial sólo respondió que se trataba de “errores de estilo”, sin embargo, no pasó lo mismo con los ciudadanos, quienes iniciaron en redes sociales toda una movilización para que se le quitara al presidente el grado de licenciado en Derecho.

Para algunos ciudadanos, retirar el título universitario al Presidente no es suficiente, ya que una nueva petición en la misma plataforma electrónica pide también retirarle el grado de Maestría en Administración de Empresas, que obtuvo en 1995 en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), una de las más exclusivas del país.

“Como Instituto de primer mundo, creemos que es necesario poner el justo ejemplo que otros países como Hungría y Alemania han retirado hasta doctorados a funcionarios públicos y ministros, que de igual manera han cometido graves delitos en materia de autoría intelectual durante la culminación de su preparación profesional, obligándolos a dimitir de sus cargos públicos”, señala la petición.

La acción ciudadana pasó de las redes sociales a los hechos y revivió un movimiento que inició en mayo pasado para que en México los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial permitan que en el país opere una Comisión Internacional de la Justicia y la Verdad (CIJUVEM), que investigue los casos de corrupción, impunidad, abuso de autoridad y desapariciones forzadas registrados en los últimos 48 años.

La CIJUVEM tendría bajo su mandato la investigación desde la “guerra sucia”, que inició en 1968 con la matanza de cientos de estudiantes que se manifestaban contra el gobierno, hasta los casos de presunta corrupción y desapariciones forzadas registrados en el actual sexenio.

Para los ciudadanos, ni el gobierno ni la justicia mexicana son ya capaces de investigar y castigar a todos los responsables de delitos que han convertido al país “en un árbol que está podrido de raíz, un árbol al que tienes que tumbar el árbol, arrancar las raíces y sembrar uno nuevo”.

El promotor de esta petición, Sergio Saldaña Zorrilla, líder del Frente Refundación, afirma que en casi tres meses, la iniciativa ha logrado 50.000 firmas, tanto al interior del país como de mexicanos radicados en el extranjero. La meta es llegar a 100 mil firmas que serían entregadas al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon.