Kenia.- El Alto Tribunal de Kenia revocó este jueves la decisión del Gobierno de cerrar el campo de refugiados de Dadaab, el más grande del mundo, afirmando que Nairobi ha violado sus obligaciones internacionales ordenando la repatriación de los somalíes.

El Gobierno, que puede recurrir la sentencia, anunció en mayo de 2016 su decisión de cerrar Dadaab, algo que tomó desprevenidos a los aliados de Kenia, la ONU, las agencias humanitarias, y a los refugiados, la mayoría de los cuales quiere quedarse.

Para justificar su decisión, el Gobierno keniano alega motivos de seguridad nacional. Asegura, sin aportar pruebas, que allí fue donde se planificaron los ataques de los islamistas somalíes de Al Shabab contra el centro comercial Westgate en Nairobi en 2013 y contra la universidad de Garisa (noreste) en 2015.

“La decisión del Gobierno de dirigirse específicamente a los refugiados somalíes constituye un acto de persecución de un grupo, es ilegal, discriminatoria y por lo tanto anticonstitucional”, sentencia el juez del Alto Tribunal John Mativo.

El magistrado se pronunciaba sobre una demanda interpuesta por la Comisión nacional keniana de los derechos humanos y la ONG local Kituo Cha Sheria.

Reprocha al Gobierno que no haya consultado a sus aliados y a los propios refugiados, por lo que declara la decisión “nula y sin valor”.

Una fuente de la oficina del fiscal general afirmó a la AFP que es “muy probable” que el Gobierno presente un recurso en los próximos días.

“La decisión del Gobierno de Kenia de repatriar colectivamente a todos los refugiados del campamento de Dadaab a las fronteras de su país de origen en contra de su voluntad viola el principio de no expulsión contemplado en el artículo 33 de la convención de la ONU de 1951 sobre el estatuto de los refugiados”, argumenta el juez.

Además, ordena la reanudación inmediata de las actividades del organismo gubernamental encargado de los refugiados (DRA), disuelto por el Gobierno durante el anuncio del cierre del campo.

Kenia anunció inicialmente que cerraría el campo a finales de noviembre de 2016, pero lo aplazó al 21 de mayo de 2017 a petición de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El programa de “regresos voluntarios” ha recibido muchas críticas de la organizaciones de defensa de los derechos humanos, que acusan a Kenia de usar la coerción para obligar a los refugiados a volver a un país sumido en un inseguridad crónica.

Dadaab es un complejo tentacular situado cerca de la frontera con Somalia. Alberga actualmente a unos 256 mil refugiados (frente a unos 320 mil a mediados de 2016), eminentemente somalíes que huyen desde 1991 de la guerra civil, de las atrocidades cometidas por los islamistas radicales y de la sequía.

Según ACNUR, la disminución del número de refugiados se debe sobre todo a la repatriación voluntaria y a traslados al campo de Kakuma (noroeste de Kenia).

“Histórico”

“Es un día histórico para los más de un cuarto de millón de refugiados que se exponían a ser enviados por la fuerza a Somalia, donde estarían bajo amenaza de graves violaciones de los derechos humanos”, reaccionó Muthoni Wanyeki, directora regional para Amnistía Internacional.

“Kenia y la comunidad internacional deben ahora trabajar en busca de soluciones alternativas para los refugiados, como la integración local”, añadió la misma fuente.

Muchas voces han condenado el proyecto de cierre del campo y cuestionado su viabilidad a nivel logístico o jurídico.

Los expertos estiman que el Gobierno nigeriano intenta reposicionarse en un momento en que la atención humanitaria se centra en la crisis migratoria en Europa.

Kenia está descontenta con la lentitud de las repatriaciones voluntarias hacia Somalia previstas en un acuerdo firmado en 2013.

Además está el calendario electoral, con comicios en agosto de este año. El Gobierno quiere -consideran los expertos- mostrar que toma medidas en el ámbito de la seguridad, uno de los puntos débiles del mandato del presidente Uhuru Kenyatta, candidato a la reelección.