Washington.- El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump reprobó la situación de derechos de humanos en México, al señalar como causa los abusos cometidos por fuerzas armadas y policía, así como por la corrupción gubernamental.

“Los problemas más significativos sobre derechos humanos (en México) incluyen el involucramiento de la policía y los militares en abusos de seriedad, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”, se destaca en el informe anual 2017 sobre la “Situación de los derechos humanos en el mundo”, emitido por el Departamento de Estado.

La evaluación sobre la situación de los derechos humanos en México, la primera bajo el gobierno de Trump, subraya como causa del deterioro de las garantías individuales “la impunidad y corrupción en las agencias de la aplicación de la ley y el sistema judicial, que se mantienen como problemas serios”.

La evaluación que realizó el Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en México durante el 2016 fue enviada al Congreso federal estadunidense, como base para que los legisladores determinen con ello la asistencia que proporciona Washington al gobierno de Enrique Peña Nieto en materia económica y de la lucha contra el crimen organizado.

“Los siguientes problemas adicionales persisten: condiciones deplorables en las prisiones, arrestos y detenciones arbitrarias, intimidación y violencia contra los defensores de derechos humanos y periodistas, contra los migrantes, contra las mujeres; violencia doméstica, abuso de personas con discapacidades, amenaza y violencia contra algunos de los miembros de comunidades indígenas, amenazas a las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, tráfico de personas y abuso laboral infantil”, se acusa en el capítulo sobre México del informe del Departamento de Estado.

El gobierno de Trump enfatiza que la deplorable situación de los derechos humanos en México es consecuencia de la impunidad para con los violadores de las garantías individuales, que “se mantiene como un problema por todo el país con niveles extremadamente bajos de persecución a todas las formas de crímenes”.

En este mismo tenor, el gobierno de Estados Unidos anota que existen muchas denuncias de que los agentes del gobierno cometieron “muchas ejecuciones extrajudiciales con regular impunidad”.

El Departamento de Estado agregó que también con impunidad los grupos del crimen organizado mexicano cometen ejecuciones, “en ocasiones con la complicidad de las fuerzas de seguridad estatales, locales y federales”.

Para sostener los señalamientos de que las fuerzas del Estado cometen, bajo el manto de la impunidad, graves violaciones a los derechos humanos, el informe del Departamento de Estado enumera una serie de incidentes que involucran ejecuciones cometidas por militares u ordenadas por autoridades gubernamentales en entidades como Michoacán, Estado de México, Zacatecas, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, entre otros.

En el caso de las desapariciones forzadas, el gobierno de Trump utiliza el mismo lineamiento para marcar que este tipo de violación a derechos humanos la cometen las fuerzas de seguridad del Estado bajo un amplio manto de impunidad, a lo largo y ancho del territorio mexicano.

“Los secuestros se mantienen como un problema de mucha seriedad para personas de todos los niveles socioeconómicos, y hay reportes creíbles de instancias en las que se involucra a policías que piden rescate por los secuestrados, a nivel estatal y local”, acota el informe del Departamento de Estado.

Respecto del caso de la tortura y otros tratos y castigos de degradación humana, el gobierno de Trump subraya que aunque no existe en México un registro nacional sobre este tipo de abusos, la CNDH tenía registrados hasta el octubre pasado sobre 206 denuncias sobre casos de tortura y 451 casos de situaciones de degradaciones humanas.

“Reportes noticiosos indicaron que la Procuraduría General de la República (PGR) estaba examinando 4 mil casos de tortura en los primeros nueve meses de 2016”, resalta el informe.

A la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina-Armada de México (Semar), el gobierno de Trump los coloca entre las entidades de las fuerzas del Estado que practican arrestos y detenciones arbitrarias.

“Pese a que las autoridades civiles mantienen un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad y la policía, la impunidad, especialmente para quienes cometen abusos de derechos humanos, se mantiene como un problema serio. El país tiene un nivel extremadamente bajo de procesamiento judicial y los juicios pueden tomar años para terminarse”, denuncia el Departamento de Estado en su reporte.

En el caso de la intimidación y ejecución de periodistas, el gobierno de Trump la denuncia como un práctica de violación a los derechos humanos que se comete con demasiada frecuencia en México, y que como en las anteriores faltas a las garantías individuales, muchos de los perpetradores de este crimen gozan un alto nivel de impunidad.

En el inciso de la corrupción, el Departamento de Estado lo destaca porque asegura que ocurre en todo el sistema gubernamental y a todos los niveles por todo México.

“La corrupción al nivel más básico involucra el cohecho a funcionarios administrativos y a las fuerzas de seguridad para agilizar el pago de servicios rutinarios o aminorar multas. Formas más sofisticadas o menos aparatosas de corrupción incluyen el sobrepago por bienes y servicios a funcionarios públicos y partidos políticos”, enfatiza el Departamento de Estado.

El gobierno de Trump ilustra el problema de la corrupción más sofisticada –aunque no lo menciona por su nombre— con el caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien se encuentra prófugo de la justicia del gobierno de Peña Nieto.

“En octubre (2016) la PGR acusó formalmente y emitió una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, quien se dio a la fuga. A mediados de año, el gobierno imputó delitos criminales contra 14 gobiernos estatales por la malversación de miles de millones en fondos federales, por lo que se investiga a varios gobernadores, incluidos los exmandatarios de Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León. A finales de año las investigaciones continuaban”, concluye el informe del gobierno de Trump.