Saltillo, Coahuila.- El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que las instituciones de educación superior del país podrían enfrentar una situación de emergencia ante las eventuales deportaciones de connacionales de Estados Unidos.

Dijo que se estima que en el programa de Acción Diferida para los Llegados en Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) hay cerca de 600 mil jóvenes, de los que 60% son de origen mexicano.

“Lo que se nos viene es muy serio, pues podrían expulsar a una cantidad considerable de jóvenes; podríamos tener de repente a 400 mil aquí, en México, que requerirían alguna forma de continuar sus estudios, y en las instituciones no tenemos, hay que decirlo con toda claridad, espacio para recibirlos.

“Haremos todo el esfuerzo, lo estamos haciendo; la educación abierta podría responder de forma emergente a todos ellos, esperemos que no suceda así; el reto de tener que incrementar nuestra capacidad de educarlos puede ser en meses”, dijo.

En su participación en el Diálogo entre Rectores: La Educación hacia el Futuro, realizado en el marco del 45 Aniversario del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), el rector expuso que el reto de los “dreamers” se suma al problema interno de tener a cerca de 7 millones de jóvenes, de entre 18 y 22 años, fuera de la educación superior.

Además, precisó, dos terceras partes son mujeres, y la población joven sigue creciendo.

Graue aseguró que la meta es alcanzar el 40% de cobertura en la educación superior para 2018, y actualmente se cubre el 37%, por lo que para lograr el objetivo, sería necesario abrir 250 mil nuevos lugares anuales.

De estos, explicó, la mitad de la matrícula tendría que recurrir a la educación abierta y a distancia, por ello, México debe crear un sistema nacional y un marco normativo para articularla.

“El país no tiene esta capacidad económica, y aunque la tuviéramos, tampoco vamos a construir universidades al vapor, que no nos quede duda: el crecimiento en la educación en los próximos 10 años deberá ser atendido a través de la educación a distancia”, aseveró.

En el conversatorio también participó el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, quien coincidió en que la educación a distancia puede ser una oportunidad importante para atender a los deportados de Estados Unidos.

“No tendríamos posibilidad de atender a todos en el sistema presencial, ni siquiera repartiéndolos en todas las universidades”, subrayó.

Detienen a ‘dreamer’ al ofrecer una charla

Momentos después de haber dado una conferencia para defender los derechos de los migrantes, la “dreamer” de origen argentino, Daniela Vargas, fue detenida por agentes de Inmigración y Aduanas en Mississippi.

La joven, de 22 años, llevaba días escondida porque en febrero a su padre y a su hermano los habían detenido frente a su casa.

“Hoy, mi padre y mi hermano esperan la deportación mientras continúo peleando esta batalla como una dreamer para ayudar a contribuir a este país, que siento que es mi país”, dijo Vargas ayer.

Dejó de ocultarse para dar la conferencia, organizada por abogados promigración, iglesias y la Alianza por los Derechos de los Migrantes de la localidad y con ello llamar la atención sobre las familias afectadas por la deportación.

El hermano y padre de Vargas fueron detenidos fuera de su casa por agentes de ICE en febrero. En ese momento, la joven se escondió en el armario y cuando fue descubierta por agentes fue esposada y luego liberada.

RENOVACIÓN

La abogada Abby Peterson señaló a varios medios locales que el permiso de residencia que le otorgó el programa DACA está caducado, pero la renovación está en trámite, por lo que no se le debería de arrestar.

La letrada añadió que Vargas no tiene antecedentes penales, pero sí tuvo infracciones de tráfico menores.

Según el medio Clarion Ledger, los agentes le dijeron a Vargas que sabía quiénes eran y para qué estaban ahí.

Antes de ser detenida, Vargas dijo que planeaba mudarse del estado con su madre y perseguir su sueño de ser profesora universitaria de matemáticas.

“Ahora, no estoy tan segura de que mi sueño continúe desarrollándose”, comentó en su discurso.

“Un camino para la ciudadanía es necesario para los receptores de DACA, pero también para los otros 11 millones de personas indocumentadas con sueños”.

‘No todos son gente trabajadora’

El Presidente municipal de San Francisco del Rincón, Ysmael López García, a nombre de los alcaldes guanajuatenses, solicitó a los diputados reformar el Código Penal del Estado para incrementar las sanciones por delitos ante la deportación de migrantes de Estados Unidos, pues “no todos son gente trabajadora”.

Los presidentes municipales y representantes de los 46 municipios participaron en la reunión semestral de la Junta de enlace financiero con el Congreso del Estado. Ahí, el panista López García lanzó la solicitud a los legisladores.

Al referirse a las deportaciones que se prevén como consecuencia de la política migratoria impuesta por el presidente estadunidense Donald Trump, el Edil aseguró:

“Ante el escenario de que no todos los que vendrán (deportados) son gente trabajadora, es muy importante destacar que el marco jurídico actual requiere una adecuación en materia penal, ya que para lograr una mejor aplicación de la ley se debe trabajar en el sentido de que las reglas sean más claras y, sobre todo, más punibles en contra de la delincuencia…”.

De no hacer estas modificaciones legales, agregó el Alcalde, “corremos el grave riesgo de que se sigan saliendo con la suya”, sin especificar a quiénes se refería, aunque en un principio mencionó a los migrantes guanajuatenses.

Ysmael López recordó que los gobiernos municipales son el primer contacto ciudadano, lo mismo que para los migrantes al regresar a sus lugares de origen, y habló de un compromiso de estas autoridades para “reincorporarlos a la sociedad”.

“Siendo sensibles a las condiciones en las que regresarán nuestros paisanos es importante sumar esfuerzos, armar un frente común en diferentes órdenes de Gobierno, los poderes del Estado y, por supuesto, la propia comunidad para reincorporar a nuestros migrantes a una vida social y productiva”, dijo.

Se niegan a cacería antiinmigrante

Jefes de Policía de Estados Unidos, incluyendo varios en los estados que votaron por Donald Trump, se resisten a que la Casa Blanca les obligue a participar más activamente en la deportación de inmigrantes indocumentados.

En una carta conjunta, que publicó The Guardian, más de 60 jefes policiales apelaron a la Administración Trump para suavizar su campaña agresiva para alistar a oficiales de Policía en la deportación de millones de inmigrantes que viven sin permiso en el país.

La carta dice que ellos se oponen a ser empujados a “tareas nuevas y a veces problemáticas” que socavarán el equilibrio entre las comunidades locales a las que sirven y el Gobierno federal, y dañarán a la Policía local.

La misiva está firmada por 61 jefes y sheriffs, en activo y retirados, muchos de los cuales provienen de estados en los que ganó Trump, como son Alabama, Arizona, Florida, Carolina del Sur y Texas.