La Silla Rota | Ciudad de México.- El Senado de la República logró en la pasada legislatura posicionarse como una institución abierta a la ciudadanía a partir de la apertura en distintos procesos legislativos, todo lo contrario a la Cámara de Diputados que se mostró distante a generar espacios de participación e interacción.

Fue principalmente en la redacción de la Ley General de Transparencia, en donde aun con sus complicaciones se llevó a cabo un proceso donde participaron organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema y senadores de todos los partidos políticos. Lamentablemente, notamos que los espacios, muy probablemente, estén más determinados por temas o legisladores específicos y no por un cambio de lógica en la forma de hacer política por parte de nuestro Congreso.

Un ejemplo de esta posición se ve reflejada con dos minutas polémicas que se encuentran en el Senado, la Ley de Obras Públicas y la Ley que reglamenta el Derecho de Réplica que, por el impacto que tienen, merecían un debate con mayor alcance.

En el primer caso, la minuta de la Ley de Obras Públicas fue recibida el 10 de diciembre del 2014, desde ese momento y a partir de la voluntad de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial se organizó un foro y se ha mantenido un diálogo permanente con organizaciones de la sociedad civil, especialistas y con las empresas constructoras. Si bien, las OSC siguen teniendo críticas sobre el último borrador del proyecto, hay que reconocer la voluntad de escuchar e integrar ideas por parte de la comisión dictaminadora presidida por Francisco Búrquez del Partido Acción Nacional.

El caso contrario se da con la minuta con la que se reglamenta el Derecho de Réplica, en donde el Senado no ha tomado en cuenta la opinión de los especialistas y, por lo visto, tampoco de los principios contenidos en otras iniciativas de otros senadores. Aparentemente tiene la urgencia de aprobar el dictamen esta misma semana, a pesar de que un grupo de diputados hicieron un llamado a revisar el contenido de la minuta.

El problema no es la aprobación o no de proyectos de ley, pues para eso están construidas las mayorías en el Congreso. El problema radica en que entre menos se escuche a la ciudadanía y a los especialistas, menor será el respaldo para que las leyes se consoliden. ¿Por qué no realizar audiencias públicas para discutir un tema tan relevante para la ciudadanía? Los legisladores no pueden ser especialistas en todos los temas, por lo tantodeberían escuchar las opiniones de especialistas a favor y en contra de los proyectos.

Les comparto dos opiniones sobre dicho proyecto para que puedan sacar sus propias conclusiones; por un lado, un video de Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana para el Derecho de Audiencias; y por el otro, un artículo de opinión de Javier Orozco Gómez, especialista en telecomunicaciones y radiodifusión.

El objetivo de las audiencias públicas o reuniones de trabajo es el de contribuir a mejorar los proyectos de ley, con base en la experiencia y conocimiento de los distintos actores de la sociedad, desde los sectores productivos involucrados, la academia y la sociedad civil. Cabe señalar que la sociedad civil en México es cada vez más especializada, informada y capacitada para fungir como interlocutor de la sociedad en el Congreso.

¿Por qué debemos esperar a que sea la voluntad del legislador la que rija la relación entre ciudadanos y legisladores? Si los legisladores quieren mejorar la percepción ciudadana sobre su trabajo, deben ser los primeros interesados en impulsar los principios del Parlamento Abierto. Los resultados del Latinobarómetro 2015 refleja que únicamente el 17% de los mexicanos encuestados se siente representado por el Congreso de la Unión.