México.- El episodio parece retrato de una película mexicana de machos agraviados: el hombre celoso sorprende a su mujer platicando con otro sujeto y sin más descarga su pistola hasta matarla. El homicidio, que ocurrió en julio de 1947, en Matamoros, Tamaulipas, entraña sin embargo algo mucho más oscuro y complejo. Es la historia que revela la consolidación de un régimen político, no sólo corrupto, sino con intereses concretos sobre el lucrativo tráfico de drogas y de otras mercancías ilegales, que interviene para dejar sin castigo al asesino, Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, para entonces el todopoderoso del mundo criminal en el estado.

Guerra había desposado a Gloria Landeros, una actriz parcialmente alejada de los escenarios. Ella platicaba con el cómico Adalberto Martínez “Resortes” cuando fue asesinada. Las autoridades juzgaron el caso como un acto de defensa personal, sin ofrecer evidencia convincente sobre ello. El asesinato cimbró a la opinión pública. Generó encabezados en los principales diarios, que dieron cuenta incluso de cómo el padre de la víctima, Carlos Landeros, escribió al Presidente de la República, Miguel Alemán, en busca de justicia. Pero la cobertura sobre lo ocurrido duró poco debido a la mordaza impuesta por el mismo gobierno.

La trayectoria delictiva de Guerra había comenzado desde su adolescencia, en 1929. Traficaba alcohol junto con dos de sus hermanos, aprovechando, como muchos otros fronterizos, la era de la Prohibición en Estados Unidos. En menos de dos décadas, el adolescente no sólo terminó capitaneando esa rama del negocio familiar, sino que tejió redes de complicidad con las camarillas que serían parte fundacional del régimen político mexicano, y del cual emergerían a lo largo de 60 años gobernadores, alcaldes, legisladores, procuradores de justicia, administradores de aduanas, dirigentes de partido y hasta un Presidente de la República.

Los cimientos del Estado mafioso estaban ahí, señala Carlos Antonio Flores Pérez, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), quien prepara un libro sobre la imbricación histórica de políticos y criminales en Tamaulipas. Se trata, dice, de una dinastía local que no ha permitido la alternancia en el gobierno y que mantiene hasta hoy el poder, heredándolo junto con los mecanismos que mantuvieron intactos sus intereses personales hasta hace poco más de una década, cuando dos hechos significativos tienen lugar: el nacimiento de un grupo criminal ajeno a ellos, encabezado por Osiel Cárdenas Guillén, y el arribo del PAN al Gobierno federal, lo que termina con los privilegios emanados de su relación con el centro.

El escándalo generado por la presunta implicación de dos ex gobernadores de Tamaulipas –Tomás Yarrington y Eugenio Hernández– en lavado de dinero, no puede explicarse como un acto de generación espontánea. Detrás hay una historia de élites políticas y empresariales que fomentaron por décadas negocios criminales, haciendo de ese estado en particular una suerte de cápsula del tiempo en el que la falta de alternancia política revela, en todo caso, la monopolización de los recursos económicos, de acuerdo con Israel Covarrubias, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

“En este caso habría de analizarse hasta qué punto se está constatando un síntoma fehaciente, no de regresión política, sino de algo que está quebrado desde su nacimiento como ‘democracia’. Porque a partir del 2000 el PRI pierde la Presidencia de la República, pero no el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Tamaulipas para que no haya enraizado ninguna otra fuerza contraria a esos hombres del régimen? La respuesta es la clave para la comprensión sobre lo que ahora estamos viendo: un sistema de violencia feudal del que forman parte, no sólo criminales organizados, sino funcionarios y ex funcionarios de muy alto nivel”.

Empoderamiento

El esplendor de la organización de García Ábrego sucede durante las administraciones de Américo Villarreal Guerra y Manuel Cavazos Lerma. Pero es entonces que comienzan los cambios sustanciales que definirán el futuro, dice Israel Covarrubias. Arriba una clase política y empresarial nueva que asalta el mercado económico a partir de las prebendas del poder público.

García Ábrego es apresado en 1996. Su captura y extradición dejan un vacío de poder que en poco tiempo disputa Osiel Cárdenas Guillén, un antiguo agente de policía local. No puede hablarse, sin embargo, de una herencia criminal. El nuevo grupo carece de las relaciones políticas y empresariales del pasado, pero inicia a consolidar su propia hegemonía de poder basándose en el ejercicio de la violencia territorial, para lo cual se arma de un grupo de seguridad con adiestramiento militar. Son actores nuevos a quienes no les importa demasiado la lógica empresarial que funcionó hasta entonces. Al mismo tiempo, en el 2000, el PAN toma la Presidencia y con ello pone en juego otras dinámicas del poder.

“En principio permite la dispersión de los poderes públicos”, comenta Covarrubias. “Pero desde luego no se disminuye la ilegalidad, sino todo lo contrario: se ahonda en ella. En la escena hay nuevos actores políticos, empresariales y criminales a quienes la democracia no dice absolutamente nada. Esa intensificación de la atomización del poder permite otra cláusula de exclusividad sobre quién puede o no participar del negocio criminal, y entonces se territorializan los mercados ilegales. Tamaulipas no es sólo un coto de poder: además del territorio existen también cuentas bancarias, negocios para el lavado de dinero, un nuevo orden de corrupción que no respeta pactos como en el pasado”.

Juan N. Guerra y sus hermanos eran distribuidores de cerveza Carta Blanca. Un claro ejemplo de cómo funcionan los intereses legales con los ilegales. Son la muestra de muchos otros casos que existen dentro de Tamaulipas. Y es donde uno y otro investigador encuentra la razón fundamental que explica lo que hoy ocurre en la entidad: hay grupos que quieren una vuelta al pasado, al antiguo orden.

Cómo cambiaron las cosas

En aquel primer hecho de sangre, en el que públicamente se vio expuesto Juan N. Guerra, operó la maquinaria oficial en su defensa. Desde el gobernador, el general Raúl Gárate Legleu, hasta un viejo conocido del traficante, Francisco Castellanos Tuexi, quien era procurador estatal y que hasta un año antes había desempeñado el mismo cargo en el Distrito Federal, donde Guerra fue uno de sus agentes de la Policía Judicial.

Castellanos previamente había gobernado Tamaulipas, de 1929 a 1933, y entre 1952 y 1958 fungió como administrador de la aduana de Matamoros.

El homicidio de Gloria Landeros fue un hecho personal, hasta cierto punto fácil de encubrir. Pero en abril de 1960, el aparato debió aplicarse a fondo y librar una batalla interna entre miembros del gabinete presidencial, que terminó con la exculpación de Guerra en un asesinato de mayor envergadura, el del comandante del Resguardo Aduanal, Octavio Villa Coss, hijo del revolucionario Francisco Villa, quien presumiblemente rechazó un soborno para abandonar una investigación contra uno de los hermanos del traficante, Roberto Guerra Cárdenas, a quien se decomisó un cargamento de café que pretendía internar ilegalmente por la aduana de Cd. Miguel Alemán.

Villa Coss murió por los disparos que, de acuerdo con pruebas periciales, disparó Juan N. Guerra en el interior de su restaurante Piedras Negras. Quien se inculpó, sin embargo, fue su chofer, Carlos García, apodado “La Máquina”. La defensa de Juan N. Guerra para este caso estuvo encabezada por Francisco Castellanos, ex gobernador, ex procurador estatal y ex administrador de la aduana.

Sobre el hecho escribió Manuel Rafael Rangel Escamilla, director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía del régimen: “Roberto y Juan N. Guerra están considerados en el norte de la República como los más grandes contrabandistas en armas, artículos comerciales y drogas enervantes”, escribió Rangel. “En épocas pasadas desarrollaron una labor de terrorismo y se encuentran implicados como los autores intelectuales de varios crímenes, entre ellos el del presidente municipal Ernesto Elizondo (Administración municipal de Matamoros 1949-1951, acribillado mientras conducía su automóvil), además del que ya dije anteriormente, o sea, el Tte. Corl. Octavio Villa Coss, a quien dieron muerte en el interior de una cantina de la población, crimen que hasta la fecha permanece impune, ya que el Lic. Raúl Morales Farías, asesor jurídico de los hermanos Guerra, logró mediante una maniobra sucia, que la responsabilidad de dicho asesinato la aceptara un chofer de Juan N. Guerra, haciéndolo aparecer únicamente como encubridor”. El memorándum se encuentra en el Archivo General de la Nación (AGN), integrado al expediente que la DFS abrió sobre el homicidio de Villa Coss.

Al quedar fuera del poder presidencial, la camarilla alemanista mantuvo por casi 40 años el control de los circuitos financieros del país, a través de la Secretaría de Hacienda, de la que depende el sistema aduanal. Pero algo poco explorado, señala Flores Pérez, es la influencia que mantuvo en los circuitos judiciales, tanto en la PGR como en tribunales de Justicia estatales y en la Suprema Corte.

Raúl Morales Farías, el hombre que plantó la estrategia de defensa de Juan N. Guerra, junto con Francisco Castellanos Tuexi, es padre de Raúl Morales Cadena, el hombre que primero fue subprocurador de Justicia con Américo Villarreal Guerra y a quien después Manuel Cavazos Lerma (1993-1999) nombró primer procurador de su sexenio.

La línea que divide al poder legal del poder ilegal es un trazo invisible desde el nacimiento mismo de la estructura del gobierno local.

El peso del pasado

Reseñas históricas refieren la dependencia casi exclusiva que tuvieron del contrabando muchos pueblos fronterizos durante el siglo 19. Pero es hasta la década de 1920 cuando esas viejas redes se vuelven sofisticadas al iniciarse en el tráfico de alcohol, tras el decreto de la Ley Volstead, vigente hasta 1933 en Estados Unidos. El desarrollo de los contrabandistas ocurre en un momento clave de México, justo cuando se integra el régimen post revolucionario, algunos de cuyos artífices nacieron en Tamaulipas.

El más notable de ellos, Emilio Portes Gil, fundó en mayo de 1924 el Partido Socialista Fronterizo, un año antes de convertirse en gobernador constitucional de Tamaulipas. Nacido en Ciudad Victoria, en 1890, Portes Gil había ocupado para entonces una diputación federal y respaldado el último de los movimientos armados de la Revolución, la batalla encabezada por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles en Agua Prieta, Sonora, contra Venustiano Carranza, en 1920.

Pero su rol definitivo ocurrió tras el asesinato de Obregón, quien había sido electo Presidente de la República, por segunda ocasión, en 1928. Portes Gil, quien fungió como secretario de Gobernación con Calles, asumió como interino hasta 1930. Siendo Presidente fundó, junto con Calles, el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI.

El grupo de Portes Gil será entonces una fuerza dominante en Tamaulipas en esos años en que los criminales comenzaban a organizarse. En el ejercicio de su poder, nombra como sucesor en el gobierno local a Francisco Castellanos Tuexi, quien lo traicionaría al poco tiempo, pero quien sobre todo se convertiría en uno de los protectores de Juan Nepomuceno Guerra.

Portes Gil intentó retomar el gobierno de Tamaulipas en 1933, pero fue obstaculizado por Calles, quien se valió de Castellanos para escindir a su camarilla política. El golpe que termina por devastar al portesgilismo ocurre en 1947, bajo la presidencia de Miguel Alemán, dice Israel Covarrubias, el profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

El grupo alemanista ejerce el control absoluto en Tamaulipas después de que deponen al último gobernador ligado a Portes Gil, Hugo Pedro González. En su relevo entra el general Raúl Gárate Legleu. Desde el gobierno estatal hasta las alcaldías y aduanas fronterizas quedan bajo tutela del grupo de Alemán.

La política y el crimen eran una misma cosa. Al menos es lo que indican documentos de la DFS alojados en el Archivo General de la Nación. Uno de ellos narra cómo, en 1962, se realiza una consulta con las “fuerzas vivas” del estado. La auscultación tenía como propósito saber cuáles eran las preferencias de la militancia, de cara a la sucesión de gobernador. Se indagó en las camarillas de Raúl Gárate Legleu, de Tiburcio Garza Zamora, la de Francisco Castellanos Tuexi y también a la que comandaba Roberto Guerra Cárdenas, el dueño del cargamento de café que costó la vida a Octavio Villa Coss. El informe lo recibió Fernando Gutiérrez Barrios, entonces subdirector de la DFS.

Todos respaldaron la candidatura de Praxedis Balboa Gojón, quien fue electo gobernador para el periodo 1963-1969. Una vez en funciones, Roberto Guerra Cárdenas fue nombrado titular de la Oficina Fiscal del Estado. Sería el primer cargo público ostentado por un miembro de la familia. En 1984, su hijo, Jesús Roberto Guerra Velasco, sería electo alcalde de Matamoros y le tocaría proteger –dice el investigador Carlos Flores Pérez– los intereses del clan, ahora comandado por uno de sus primos: Juan García Ábrego.

“Ahí se puede ver con toda claridad la imbricación de actividades ilícitas e intereses políticos que se mantienen hasta el presente casi de manera dinástica en el estado. Y hay una dinámica de impunidad tremenda que también continúa”, señala.

A finales de la década de 1960, un personaje fraguado en Matamoros y estrechamente relacionado con Juan N. Guerra irrumpe en la política nacional, al ser nombrado secretario particular del presidente Gustavo Díaz Ordaz: Emilio Martínez Manatou.

El expediente que le arma a Martínez Manatou la DFS da cuenta de reuniones que entonces celebraban alcaldes, mandos aduanales y personajes neoloneses con Juan N. Guerra, para acordar estrategias de contrabando. De acuerdo con el mismo documento, Guerra incluso llegó a financiar parte de la precampaña de Martínez Manatou, quien buscaba ser candidato presidencial del PRI en 1970. Pierde la contienda interna con Luis Echeverría, pero mantiene el control político del estado.

Martínez Manatou impulsó la candidatura al gobierno tamaulipeco de Enrique Cárdenas González (1975-1981), quien había fungido como subsecretario de Hacienda. La DFS también le señala nexos con los hermanos Guerra. El clan pasa así otro sexenio sin sobresaltos.

En 1976, José López Portillo es nombrado candidato presidencial. Él había sido subordinado de Martínez Manatou. Lo revive políticamente al nombrarlo secretario de Salud, y cinco años más tarde impulsa su candidatura para el gobierno de Tamaulipas, que administrará hasta 1987.

Martínez Manatou forma parte de una camarilla en la que también se encontraban Carlos Hank González, Tiburcio Garza Zamora y Leopoldo Sánchez Celis, quien fue gobernador de Sinaloa y cuya desgracia política inició tras la captura del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fue su jefe de escoltas. Todos ellos se habían conocido durante el sexenio de Adolfo López Mateos.

Es en 1984, cuando Martínez Manatou palomea la candidatura del sobrino de Juan N. Guerra para la alcaldía de Matamoros. Es la época, también, en la que cambian los circuitos del tráfico de cocaína. Los narcotraficantes colombianos dejaron la ruta del Caribe y se concentraron en buscar socios mexicanos. Entran en contacto con la gente de Sinaloa, asentada entonces en Guadalajara. Ellos empleaban sin contratiempos la vía de Tamaulipas, que para entonces ofrecía, acaso como ningún otro estado del norte, condiciones ideales para hacer negocios sin riesgo.

Son años en los que Juan García Ábrego asume el control de la organización. Y es el inicio de disputas a sangre y fuego cuando traficantes menores asociados a lo que se comienza a conocer como cártel del Golfo, desafían el poder establecido.

“Lo que uno va apreciando, para resumir en términos teóricos, es cómo la evidente falla del Estado que podemos apreciar en el caso de Tamaulipas no surgió de la noche a la mañana, sino que es un proceso del bloqueo permanente de las instituciones”, comenta Flores Pérez.

“El caso es significativo por ocurrir en un estado que tampoco ha tenido alternancia y en el que se puede apreciar –salvo algunas disputas internas– que prácticamente ha sido el mismo grupo dominante desde hace 60 años”, agrega el experto.

Y concluye que, por lo tanto, es imposible interpretar los actuales niveles de violencia y colapso institucional sin entender previamente cómo este tipo de vinculaciones fueron sesgando de origen el funcionamiento institucional hasta provocar que ahora no exista un estado de derecho.