Ciudad de México.- México arrastra dos meses con récord de asesinatos en medio de una impunidad generalizada ante el brote de violentas células criminales desprendidas de grandes carteles, que han pasado del tráfico de drogas a un auténtico control territorial.

Cotidianamente los noticiarios informan de asesinatos en el estado de Guerrero, del repunte de la violencia en Ciudad Juárez o de sangrientas disputas en Sinaloa tras la extradición a Estados Unidos, en enero, del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las cifras de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) confirman la violenta espiral: en mayo fueron 2 mil 191 asesinatos, récord desde 1997, cuando inició el registro, pero en junio ese número se batió con 2 mil 234.

El Gobierno cuenta las muertes pero no detalla las causas del aumento. Suman más de 186 mil homicidios violentos en México desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó un controvertido operativo militar antidrogas.

Control territorial

Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA), atribuye el repunte a la atomización de los carteles tras la captura de sus líderes.

“Han cortado la cabeza de grandes carteles y se fragmentan, en vez de tener uno tienen muchos grupos pequeños que están peleando por control de territorios, por rutas, y tienen un nuevo modelo de crimen, jamás se había visto tal diversificación (de actividades criminales) de estos grupos”, comenta Vigil a la agencia de noticias AFP.

En la misma línea, José Reveles, autor de diversos libros sobre narcotráfico en México, observa que estos grupos “están ligados a más de 20 delitos”.

“Lo mismo secuestran que roban y extorsionan o cobran derecho de paso a otros criminales porque controlan porciones de territorio. Ahora tenemos el robo de combustible, desde hace años controlan la piratería y cobran a los que trafican hierro. Por eso hay tanta violencia”, explica Reveles.

Con “El Chapo” Guzmán encarcelado, se detonó otra encarnizada disputa por el control del cartel de Sinaloa, que desangró al litoral del Pacífico tras una relativa calma.

“Están peleando por el control del cartel los hijos de ‘El Chapo’, la gente de Dámaso López ‘El Licenciado’ (mano derecha de Guzmán capturado en mayo). Ismael ‘El Mayo’ Zambada (entre los jefes históricos) está enfermo, se está retirando porque ya no puede manejar el cartel”, explica Vigil.

Tras la llegada de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la presidencia en 2012, se registró una notoria baja en el número de homicidios, pero repuntaron en 2016 y, de mantenerse la tendencia, 2017 superaría a 2011 como el año más letal con 22 mil 852 asesinatos según cifras gubernamentales.

En 2011 incidió el crecimiento de Los Zetas, militares de élite reclutados como sicarios del entonces poderoso cartel del Golfo y que en una violenta disputa se escindieron tras la captura y extradición a Estados Unidos de su líder, Osiel Cárdenas, en 2007.

Impunidad

Para Vigil, las causas de la violencia se resumen en el fondo a “una sola palabra: impunidad”.

En un país donde “se investigan 5.0% de los crímenes y se castiga a alrededor de 3.0% de los responsables, la impunidad es lo que alienta a estas bandas criminales”, dice Vigil.

Reveles suma la corrupción que permea principalmente a policías locales, las primeras en vérselas con criminales, y a la inexistencia de una estrategia para desmantelar las estructuras de “grupos sumamente poderosos, con mucho dinero para comprar voluntades”.

“No hay mucho sentido estratégico, sólo hemos visto cómo se reacciona ante a una coyuntura. Ha habido muy pocos esfuerzos en este gobierno para mejorar las capacidades y combatir al crimen de fondo”, subraya de su lado Alejandro Hope, exagente de la inteligencia mexicana y consultor de seguridad.

El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, suma a las causales el nuevo sistema de justicia penal, que exige pruebas contundentes a las fiscalías y permite llevar en libertad procesos criminales.

“No criticamos al Poder Judicial, lo que decimos es que un efecto perverso, indeseado (…) es posibilitar que gente que antes ingresaba a prisión por portar armas largas, ahora pueda ser liberada”, dijo el funcionario federal a la revista Proceso.

Pero Hope asegura que “no hay evidencia de que este nuevo sistema penal sea el causante del incremento de la violencia”, sino que su implementación “ha sido compleja y exige una mejor preparación de fiscales y policías”.

Paradójicamente, las capturas de jefes criminales y la reforma judicial, enarboladas como triunfos gubernamentales, incidirían en esta sangrienta escalada.