Los datos sobre el perfil psicológico que tenían al momento de tomar decisiones trascendentes serán siempre confidenciales, sin importar si estuvieron incapacitados por alguna enfermedad, según consta el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Los servidores públicos están protegidos, ya sea que se trate del Presidente de la República o de quien ocupe los escalafones más bajos en la burocracia. Una coraza legal forjada desde el régimen priista y que ha prevalecido en los gobiernos panistas protege a los funcionarios bajo cualquier circunstancia, aun cuando ya existe la Ley Federal de Transparencia.
LA RESOLUCIÓN
El IFAI llegó a esa resolución tras analizar una solicitud de acceso a la información de “Proceso”, mediante la cual se pretendió conocer el expediente médico del presidente Felipe Calderón después de que se fracturó el hombro izquierdo en una caída de bicicleta, en Los Pinos, la mañana del 30 de agosto de 2008.
La investigación era sobre por qué la Presidencia tardó más de 24 horas en informar del percance.
La versión oficial dice que Calderón perdió el equilibrio porque el suelo estaba resbaloso. El comunicado se envió a la prensa el mediodía del 31 de agosto.
Un boletín detalló que el Presidente fue atendido en las instalaciones del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial (EMP) y se encontraba en buen estado de salud. El diagnóstico era conservador y su recuperación demoraría alrededor de ocho semanas. No hubo más detalles.
Al responder a la solicitud de acceso al expediente médico, el EMP rechazó ir más allá de lo que ya habían plasmado en el comunicado. A los altos mandos castrenses les bastó mencionar que los datos sobre la salud son confidenciales.
Aun más, argumentaron que las evaluaciones hechas a Calderón durante su gobierno permanecen bajo resguardo desde el momento en que se practican, por lo que –a diferencia de otros casos de datos reservados– no es necesario esperar a que alguien solicite esos datos para impedir su difusión. En el caso del expediente médico del Presidente, la confidencialidad es automática.
CASO CERRADO
Para la comisionada Jacqueline Peschard resultó muy complicado poner por encima de las leyes el interés público para conocer el estado de salud del Mandatario.
Tras la votación unánime en contra de la apertura del expediente de Calderón, Peschard reflexionó que informar a la población sobre la salud del Presidente podría ser importante, siempre y cuando lo permitan las normas. Si se hiciera de otra manera, advirtió, privilegiando el interés público sobre el marco legal, “estaríamos invadiendo el terreno del derecho privado”.
ESFERA PRIVADA
–¿Se pudo entregar este expediente si Calderón aceptaba? –se le preguntó a la comisionada.
“El asunto de la confidencialidad está sujeto a que la persona afectada por la invasión de su esfera privada eventualmente pudiera permitir el acceso. Ahí es como cualquier persona, no tiene nada que ver la estatura jurídica”.
En otra parte del expediente, el EMP rechazó explicar qué daño se le podía ocasionar a la Presidencia o al Estado si se difundiera una versión pública del expediente médico de Calderón.
Al respecto, la comisionada Peschard dijo que la Ley Federal de Transparencia no da espacio para hacer interpretaciones. “Esto quedó claramente establecido como un derecho fundamental a la confidencialidad de los datos personales. No se tiene que probar el daño. No tienen que decir por qué es confidencial. En el marco jurídico no hay resquicio alguno”, enfatizó.
–¿En México es un caso absolutamente cerrado?
“Sí”, puntualiza.
EL CASO FOX
» En 2005, el IFAI rechazó que la Presidencia debiera entregar un desglose de las medicinas compradas con recursos públicos para el entonces mandatario Vicente Fox. La prensa aseguraba que el mandatario tomaba Prozac, un antidepresivo.
» La Presidencia sólo entregó datos sobre un pequeño botiquín para un caso de emergencia. El resto de los datos se consideró confidencial.
» El IFAI concluyó que el nombre de los medicamentos suministrados a Fox era confidencial, sin importar que se tratara del Presidente de la República, sobre cuyos hombros recaían decisiones importantes para el país.
» El 24 de mayo, la entonces senadora priísta Dulce María Sauri pidió a la Presidencia que informara sobre la salud mental de Fox, sobre todo ante la información en el sentido de que estaba tomando antidepresivos. La Presidencia nunca se refirió al tema ni respondió a la petición de la legisladora yucateca.
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