El 2 de diciembre Norma Andrade sufrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primer atentado contra su vida. Este viernes 3 de febrero, ahora en la Ciudad de México, un sujeto la atacó con un cuchillo y la ha enviado, delicada, al hospital. Anteayer, jueves 2, la Cámara de Diputados había exhortado al Gobierno federal para que le gestionara con determinación y eficacia la protección del Estado.

Norma Andrade es la presidenta de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, una organización no gubernamental de derechos humanos que se ha abocado a exigir a las autoridades aquí, en el Distrito Federal y allá, en Ciudad Juárez, a que investiguen y resuelvan los feminicidios.

¿Qué la mueve? Muy fácil: en febrero del año 2001, su hija Lilia Alejandra García Andrade fue asesinada en Ciudad Juárez y desde entonces ella asumió una actitud valiente de reclamo y de exigencia para el esclarecimiento de la muerte de su hija, y de las docenas de mujeres que también desde entonces han estado muriendo, asesinadas, sin que se sepa con claridad por qué y por quién o quiénes.

Cuando la señora Andrade sufrió el atentado, el 2 de diciembre, las autoridades federales le plantearon reubicarla físicamente, y le propusieron la Ciudad de México, adonde llegó acompañada de su familia. Ayer, sin embargo, cuando salía de su domicilio, un sujeto le alcanzó el rostro con un cuchillo, y es hora en que ella está en el hospital.

Ayer mismo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una fuerte condena a la agresión, y demandó a las autoridades mexicanas a investigar con seriedad para castigar no sólo al agresor físico, sino también al intelectual. Este jueves, 2 de febrero, la Cámara de Diputados muy oportunamente repudió las agresiones de que fue objeto Norma Andrade, y los también defensores de derechos humanos Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, estos dos últimos oriundos del estado de Guerrero con paradero desconocido.

Lo siguiente, es un fragmento del texto del Punto de Acuerdo que, aprobándolo el Pleno, fue convertido en exhorto para el gobierno federal. Y para el Gobierno del Estado de Guerrero en lo que le corresponde, por el caso de Eva y Marcial. He aquí:

“Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su total repudio a las acciones de violencia contra la ciudadana Eva Alarcón Ortiz y el ciudadano Marcial Bautista Valle, coordinadora y presidente respectivamente, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y ofrece a los familiares de las víctimas todas las gestiones a su alcance, a fin de coadyuvar a una solución pronta, expedita y justa del caso.

“Se compromete a llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para garantizar los derechos humanos, la protección de los defensores y la adopción de normas específicas para la atención a las víctimas de la violencia.

Asimismo, manifiesta su preocupación por la situación de hostilidad y riesgo en la que llevan a cabo su labor las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y se pronuncia por el cese inmediato de las agresiones y el hostigamiento a las víctimas, deudos y defensores, es el caso de la ciudadana Norma Andrade, defensora de derechos humanos quien recientemente fue víctima de un atentado.

“Segundo. Exhorta al Ejecutivo federal para que se instruya a las instituciones de seguridad pública, inteligencia, procuración de justicia y protección al medio ambiente para que en el marco de las atribuciones que les brindan la Constitución y las leyes, conjunten esfuerzos e intensifiquen las labores de búsqueda e investigación para presentar con vida a ciudadana Eva Alarcón Ortiz y al ciudadano Marcial Bautista Valle, así como para detener a los responsables directos y a los implicados en la comisión de la privación ilegal de la libertad de que fueron objeto y en los delitos que resulten, con imparcialidad y estricto apego a derecho.

“Tercero. Demanda al Ejecutivo federal dicte las medidas cautelares de protección específica hacia los miembros de la OCESP, a fin de salvaguardar su integridad y la viabilidad de sus acciones.

“Cuarto. Exhorta al gobierno del estado de Guerrero, a que instruya a las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y protección al medio ambiente, para que en el marco del orden jurídico nacional y estatal, emprendan las acciones necesarias que permitan encontrar a la ciudadana Eva Alarcón Ortiz y al ciudadano Marcial Bautista en integridad física. Asimismo, para que detengan a los responsables de este artero delito y los sometan a proceso judicial.

“Quinto. Considerando las grandes y recientes agresiones en contra de defensores de derechos humanos, activistas y representantes campesinos e indígenas entre otros actores sociales, se exhorta al gobierno federal a que implemente de manera urgente en acuerdo con la sociedad civil, un mecanismo de medidas cautelares de protección permanente, responsable y oportuna a los ciudadanos que realizan este tipo de labor social y que están sujetos a condiciones de riesgo, o sean objeto de amenazas”.

En estos años, no sólo han estado muriendo policías, soldados y presuntos delincuentes; también hombres, mujeres y niños que nada han tenido que ver ni con uno ni con otro bando. Y entre estos últimos ha sido notorio cómo personas que se han dedicado a la defensa de los derechos humanos, han comenzado a ser agredidos de manera lamentable y bastante escandalosa para el Estado mexicano, que no ha podido cumplir con su más apremiante y urgente obligación: proteger a la población.
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