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Teresa Guajardo Berlanga
Teresa Guajardo Berlanga
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27 Julio 2016 04:00:13
A partir de hoy
En días pasados se promulgó en nuestro país el marco normativo del venidero Sistema Nacional Anticorrupción; no cabe duda que algo que llamó la atención del pueblo mexicano y que se reconoce su valor, fue el discurso del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En dicho discurso hace referencia al caso iniciado hace 18 meses, la conocida “casa blanca”; no obstante, reiterando que la adquisición de dicho inmueble se realizó conforme con la ley, y que el error afectó su integridad personal, la investidura presidencial y dañó la confianza en el Gobierno.

El Ejecutivo también comentó que esta situación fue la que le reafirmó que los servidores públicos deben actuar siempre con integridad y siguiendo siempre la ley, pero que son responsables, además, de la percepción que generan, por lo que es necesario el bloque de anticorrupción que fue aprobado en nuestro país.

En consecuencia, a la promulgación de la ley, Virgilio Andrade, el extitular de la Secretaría de la Función Pública, presentó su renuncia declarando que la Ley Anticorrupción debe cumplirse en su totalidad, y para eso, el titular de la SFP debe ser debidamente nombrado y ratificado por el Senado. Cabe mencionar que Andrade fue duramente criticado por la ciudadanía en agosto del año pasado debido a que sus resoluciones culminaron en que no existía conflicto de intereses dentro del Gobierno de la República.

Si repasamos los avances legales que se han visto en nuestro país se pudiera decir que vamos por el camino del progreso y la legalidad; pero, ¿qué es lo que realmente queremos los mexicanos? ¿Hasta qué punto podemos soportar estos “errores”? y por último, pero no menos importante, ¿qué necesita nuestro país para ver reflejado un cambio real?

Lo primero que es necesario para lograr la meta de bajar los índices de corrupción es un fiscal honesto, capaz de llevar a cabo su trabajo con integridad. Una persona que siga y aplique la ley, y en caso de ser necesario, que destine las sanciones a aquellos que hayan infringido la ley. Una persona calificada para generar resoluciones objetivas y apegadas al marco legal; en fin, como dicta la nueva ley, que no existan conflictos de interés.

Otro punto importante es que la ley aplique. ¿Qué significa esto? Nosotros los mexicanos, necesitamos que el servidor público que infrinja la ley cumpla con la sanción que corresponda. Pero eso no es suficiente. Además de una sanción, que pudiera reflejarse en la privación de la libertad, necesitamos que el patrimonio público sea devuelto a donde pertenece y sea utilizado de una manera acertada.

Nunca es tarde para empezar, hoy en nuestro país inicia algo histórico, el SNA, que viene acompañado y legitimado por las organizaciones de la Sociedad Civil, y donde el máximo representante ha expresado voluntad política; en adelante se tendrá que tener mucho cuidado con el actuar gubernamental, ya que hay muchos ojos puestos en que este sistema funcione…. Enhorabuena!!!

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