Remontarnos en el pasado de nuestra historia en la época de la Revolución Mexicana de 1910, y poder conceptualizarlo en pocas palabras la raíz de su lucha armada se puede concluir que sus raíces fueron motivadas por la desigualdad social y en la tenencia de la tierra.

En el México desde esa época, el acaparamiento de grandes extensiones de tierra en unas cuantas manos fue posible gracias a diversas leyes emitidas por el gobierno de Díaz que permitieron que una persona denunciara como baldía y fuera dueña de casi todo Baja California.

La expedición de las leyes de Reforma y la legislación de Díaz, se sumaron para ejercer un profundo efecto sobre la estructura de la tenencia de la tierra en México, afectando las tierras de la propia nación y de los pueblos y comunidades indígenas.

Durante siglos la tierra de la nación había estado en su mayor parte en propiedad de unas cuantas familias nobles y otra gran cantidad en manos de la iglesia, aunque una parte aún permanecía en poder de los indios cuyos títulos de propiedad habían sido respetados por la Corona española.

Con las leyes de la colonización emitidas en el gobierno porfirista se hizo posible, entre otras cosas, la transferencia del 27 por ciento del territorio total de la propiedad pública a la privada, a cambio de 12 millones de pesos pagados al erario nacional.

El medio siglo comprendido entre 1860 y 1910 se caracterizó por los latifundios; en cambio, en los años ubicados entre 1920 y 1970 se daría sistemáticamente la inversión de ese proceso.

En 1915 el expresidente Venustiano Carranza expidió un decreto en el que declaraba que todas las tierras comunales enajenadas a partir de 1856 deberían ser devueltas a sus antiguos propietarios y que los pobladores sin título de propiedad, pero necesitados de tierra, también deberían recibirla.

Independientemente de los motivos políticos que tuviera Carranza para hacerlo, aquí se inició la restitución de tierras a los pobres y el país se encaminó a una profunda reforma agraria en torno a la que giraría todo el proceso político de México durante más de medio siglo.

En la actualidad, como resultado de la revolución, en el país hay alrededor de 29 mil ejidos y comunidades agrarias que agrupan a 3.5 millones de ejidatarios y comuneros, quienes cuentan con aproximadamente 4.6 millones de parcelas y 4.3 millones de solares urbanos.

La superficie de los ejidos presenta todavía hace unos años el 50 por ciento del territorio nacional, y la población que los habitaba constituía poco más del 25 por ciento del total de los habitantes del país.

En el estado de Coahuila existe un promedio de 884 ejidos y comunidades agrarias con una superficie de más de 7 millones de hectáreas, y casi 77 mil ejidos y comuneros.

La región Norte de Coahuila que integra a 10 municipios, tiene aproximadamente un total de 79 núcleos agrarios del sector social con un total de 8 mil 900 ejidatarios y comuneros que usufructuaban una superficie de más de 720 mil 510 hectáreas.

Esto es sólo en el papel, ya que en la realidad desde hace varios años el ejido ganadero ha desaparecido, pues de sus tierras han sido rentadas a plazos de 30 a 50 años de plano ya vendidas a neolatifundistas amparados con un marco jurídico que así lo permite y cuyo más grande promotor fue, paradójicamente la Secretaría de la Reforma Agraria.

Luego de una época de relativa bonanza, el ejido se encamina a su desaparición y para ello confluyen diversas causas, entre las que destacan la corrupción de líderes campesinos, la sobreexplotación de tierras agrícolas y agostaderos, prolongadas sequías y, desde luego, sus bajos niveles de producción y productividad.

El caso de Ciudad Acuña, es elocuente. Sin créditos bancarios, debido a su cartera vencida; por Financiera Rural antes conocido como el Banco de Crédito Rural; creado desde el principio no para financiar el desarrollo agropecuario, sino para pagar campañas políticas para mantener el voto del campesino cautivo; con bajos precios de la carne y una larga sequía, los campesinos son obligados a rentar, primero, y a vender después, sus tierras.

Así la paulatina desaparición del ejido, con sus pequeñas parcelas dedicados a cultivos de autoconsumo, se encamina a un callejón sin salida, gracias al expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien estableció las bases jurídicas y económicas para ello. Cada vez los ejidos coahuilenses están pasando a algo del pasado por estar a punto de desaparecer quedando solo en un concepto la palabra: Ejido. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org